En el comunicado de la Sentencia C-486 del 2016, la Corte Constitucional dio a conocer las consideraciones que tuvo en cuenta para la decisión que retiró del ordenamiento jurídico el artículo 89 de la Ley 1769 del 2015.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que los excesos de renta constituyen un derecho que se genera para la sociedad beneficiaria por la transmisión del patrimonio.
Ámbito Jurídico le cuenta el estado actual de la iniciativa que busca regular el incremento del salario de los congresistas y que pretende poner el límite en la tasa de inflación anual.
Una sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado explicó las garantías y prestaciones económicas y asistenciales que brinda la ley al empleado incapacitado.
La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-221 del 2016, que declaró inexequible el inciso 7° del artículo 20 del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018.
Tenga en cuenta que si se reincide en esta conducta el ordenamiento jurídico dispone la cancelación de la tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
La Sala Penal de la Corte Suprema reiteró que todas las personas condenadas, aun por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, pueden acceder a dicha figura.
Fue admitida en la Corte Constitucional una acción pública de inconstitucionalidad que ataca varias disposiciones de la Ley 1799 del 2016, sancionada hace menos de dos meses.
Es obligación a cargo tanto del productor como del proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los productos y servicios.
El centro de estudios jurídicos explica por qué la decisión del Consejo de Estado fortalece la proscripción del “yo te nombro a tus familiares, tú me reeliges” y quién fue el responsable de que la decisión tardara tres años en tomarse.
A través del comunicado sobre la Sentencia C-469 del 2016, la Sala Plena de la Corte Constitucional informó sobre una acción de inconstitucionalidad que pretendía la inexequibilidad parcial del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal.
La celebración del acuerdo obliga a las partes que lo suscriben, teniendo en cuenta que, en ejercicio de la voluntad privada, las mismas definen la manera de materializarlo
La ponencia rescata los comentarios de la audiencia pública sobre el proyecto, así como precisa que la adopción no es un derecho constitucional, como sí lo es la protección de los menores.
La Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que los soldados con esas características deben ser remunerados con salario básico incrementado en un 60 %.
El segundo candidato para el cargo más importante del Ministerio Público es abogado de la Universidad Externado de Colombia. Conozca su experiencia profesional y académica en detalle.
Según el accionante, un modelo mixto en investigaciones disciplinarias afecta los principios básicos de la configuración de la estructura del sistema judicial.
La posibilidad de arreglar el conflicto por esta vía no hace parte de las garantías constitucionales que configuran el derecho al debido proceso, indicó la Corte Constitucional.
Las Fuerzas Armadas no pueden atentar contra la integridad y la vida de las personas, aun cuando se demuestren actividades contrarias al ordenamiento jurídico.
Remuneraciones entre 11 y 18 millones de pesos se reconocerían a los diputados, sin contar las demás prestaciones planteadas en el proyecto presentado por Mininterior.
El acto de reelección incurrió en la prohibición constitucional conocida como “yo te elijo, tú me eliges”, quebrantando la moralidad pública, imparcialidad e independencia. Resumen de un proceso de más de tres años.
De acuerdo con el autor de la iniciativa, la normativa actual genera un tiempo indefinido para el cumplimiento de un fallo de tutela o la orden judicial.
Dos autos de ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado aceptaron la demanda que interpuso el Procurador General contra los numerales V y VI del acuerdo dado a conocer en el comunicado No. 69 de la mesa de conversaciones de La Habana.
Corresponde al profesional de la salud tratante determinar lo que necesita un afiliado al SGSSS en las fases de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
Según el alto tribunal, una norma de la Ley 985 sobre la obligatoriedad de denunciar el delito era una medida desproporcionada, innecesaria y lesiva de los derechos de las víctimas.
La Corte Constitucional dio a conocer el comunicado de la Sentencia C-471 del 2016, en el cual se enuncian los argumentos que se tuvieron en cuenta al momento de analizar el parágrafo único del artículo 51 de la Ley 906 del 2004.
Hubo cuatro salvamentos de votos en la decisión de la Corte Constitucional. La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por el expersonero de Bogotá, Ricardo María Cañón, la cual sostenía que los animales son titulares de derechos.
La Sala Penal de la Corte Suprema recordó, luego de analizar un recurso extraordinario de casación, que la petición de absolución puede ser acogida o desechada por el juez de conocimiento.
El éxito de la acción contractual presupone que la parte que la ejerce acredite en el proceso haber cumplido o estado presto a cumplir sus obligaciones.
Así lo pretende una demanda radicada ante la Corte Constitucional. Según la solicitud, negar la posibilidad de rectificar los errores cometidos por una persona en algún momento de su vida puede perjudicar su plan de vida.
En una acción de inconstitucionalidad se acusaba la expresión que establece como falta grave proferir en público expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, servidores públicos o particulares.
Se podrán utilizar páginas web, correos electrónicos y espacios físicos de las entidades para las campañas por el Sí o por el No. Para no afectar la actividad estatal, se compensarán las horas utilizadas en campaña.
La estandarización de la edad mínima y el aumento de requisitos educativos para poder ocupar cargos de elección popular, son solo algunas de las propuestas para reglamentar el acceso a dichos cargos.
Así lo enfatizó recientemente la Corte Suprema de Justicia, a través de la decisión de una acción de tutela interpuesta por Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial. Conozca la postura jurisprudencial.
Según el fallo, los profesionales del Derecho se encuentran sometidos a ciertas reglas éticas, con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión.
La norma permite que personas sin habilidades de lectoescritura puedan realizar la solicitud y expresar su consentimiento informado a través de medios alternativos.
El conjunto de bienes o activos que posea la empresa al momento de causación del impuesto es lo que interesa para efectos de determinar el patrimonio líquido obligatorio.
Así lo conceptuó la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que precisó que el acto que abre la convocatoria del concurso debe ser expedido conjuntamente entre la entidad que provee los empleos junto con la Comisión Nacional del Servicio Civil.
La indemnización por no pago de salarios y prestaciones opera cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas de su conducta, por lo que no es de aplicación automática.
La Corte Constitucional publicó la Sentencia C-326, que declaró inexequibles los artículos 30 (parcial), 111, 112 (parcial), 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120 de la Ley 1765 del 2015.
La operadora judicial, de manera oficiosa, concluyó que existía un perjuicio irremediable, debido a la “avanzada edad” de la tutelante, quien para la época tenía 54 años.
Una instrucción administrativa establece el deber del notario encargado de citar en cada instrumento público que emita el acto que determinó el encargo.
Una magistrada presentará una aclaración de voto relativa a los efectos de la decisión en el ordenamiento jurídico. La demanda estudió el título XII y el artículo 252 de esta legislación.
La Corte Suprema recordó que la jornada máxima legal a la semana es de 48 horas y pueden repartirse ampliando hasta por dos horas la jornada ordinaria, por acuerdo entre las partes.
Entender causado un perjuicio tan solo por una denuncia penal que termina sin condena sería tanto como cercenar a los ciudadanos el derecho fundamental de libre acceso a la administración de justicia, afirmó la Corte Suprema.
Por regla general, los actos de ejecución se encuentran excluidos de dicho control de legalidad, toda vez que ellos no deciden definitivamente una actuación; sin embargo, existen excepciones.
La Sala Plena de la Corte Constitucional terminó el estudio de la demanda de inconstitucionalidad que atacaba el parágrafo 1° del artículo 7° de la Ley 985 del 2005.
Además de no estar establecido en la ley como lugares para recluir personas, las URI tampoco cuentan con las condiciones materiales y funcionales para ello.
La ley impide, so pena de ineficacia, que la promoción o iniciación de un acuerdo de reestructuración se utilice como excusa para decretar la terminación de dichos negocios, explicó la Sala Civil de la Corte Suprema.
La sentencia de constitucionalidad se dio en razón a la demanda interpuesta por el entonces Fiscal, Eduardo Montealegre, contra varias normas del Código Penal.
Una demanda asegura que el aparte del Código General del Proceso que permite iniciar un juicio sin documentos que soporten la obligación es inconstitucional.
El Ministerio del Trabajo advirtió que las empresas temporales son responsables de la salud ocupacional tanto de sus trabajadores permanentes como los que se encuentran en misión.
Un fallo de la Sala Laboral recuerda que la correspondencia en el objeto social determina la solidaridad en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones.
Afirmó la Corte Suprema que las declaraciones plasmadas en la escritura pública tienen plena fuerza obligatoria entre ellas y entre sus causahabientes.
Son precisamente la mesura y el decoro los valores que deben prevalecer y relucir en la actuación de todo profesional del Derecho, no la soberbia y la altanería, dice textualmente la providencia.
Ha pasado poco más de un año desde la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que derogaría la Ley 734 del 2002, Ámbito Jurídico le cuenta los motivos del retraso en la expedición del futuro código.
El fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia de la obligación, advirtió la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante un auto.
Según el alto tribunal, el funcionario debió declararse impedido desde el momento en que le reconoció personería a la abogada, siendo este el inicio de toda actividad procesal.