Varios congresistas del Polo Democrático, así como diferentes organizaciones, presentaron ante la Corte Constitucional demanda de inexequibilidad contra varias disposiciones de la Ley 1801 del 2016, por la cual se expidió el Código Nacional de Policía y Convivencia. La acción pública ataca apartes de la nueva ley, que a juicio de los accionantes limitan el derecho a la protesta a través de manifestaciones públicas; así como algunas disposiciones relacionadas con el ejercicio a la libertad personal por el medio denominado “traslado por protección” para procedimientos policivos. Además, entre otras, se demanda la disposición contenida en el parágrafo 3º del artículo 41 del código, la cual dispone que la Policía Nacional deberá trasladar a los habitantes de y en la calle a hogares y centros de atención si se encuentran bajo el efecto de sustancias psicoactivas; en criterio de los accionantes, la ley habilita una actuación de la policía que pondría en riesgo la dignidad humana de aquellos ciudadanos y, a su vez, desconoce la obligación estatal de implementar acciones positivas para personas en estado de debilidad manifiesta (demandante: Alirio Uribe y otros).