La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-257 del 2016, que declaró exequible artículo 58.3 del Código Penal, en relación con el cargo por la falta de previsión de la categoría de identidad de género en el respectivo precepto legal y los artículos 58.3, 134A y 134B del mismo estatuto, en relación con el cargo por no haberse previsto que la sanción penal se extiende a los delitos realizados en razón de la orientación sexual real y meramente percibida por el victimario. La demanda, interpuesta por el exfiscal, Eduardo Montealegre, atacaba la constitucionalidad de estas disposiciones, por la configuración de dos presuntas deficiencias: ni la causal de agravación punitiva ni los tipos penales se configuran cuando la conducta punible se encuentra motivada por la identidad de género de la víctima, sino por otros factores de discriminación como la raza, la etnia, la nacionalidad, el sexo o la orientación sexual y, además, porque no  comprende la orientación sexual real de la víctima ni la meramente percibida por el victimario. Sin embargo, la Corte encontró que el juicio pretendido por el demandante no era viable, porque, antes de presentarse la acusación, la Ley 1752 del 2015 modificó los tipos penales objeto de análisis mediante la introducción de una cláusula residual de factores de discriminación que, al permitir la criminalización de los delitos motivados por la identidad de género de la víctima, tácitamente enmienda la presunta falencia constitucional identificada por el actor (M. P. Luis Guillermo Guerrero).