El actuar del cuestionado, carente de todo fundamento legal, fue deliberado y caprichoso y, por ende, temerario o de mala fe.

El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias y es la fecha límite para la creación o reubicación de puestos de votación.

Las compañías aseguradoras pueden ser vinculadas a proceso incidental por solicitud de la víctima o del condenado penalmente.

La obligación de pagar el dictamen desfavorece en un alto grado a la accionante y amplía las desigualdades de tipo social y económico que la afectan.

En este caso las pretensiones de ese país no versan sobre soberanía territorial ni sobre áreas de jurisdicción marítima, sino únicamente sobre ciertas actuaciones de Colombia y su compatibilidad con el derecho internacional.

Se precisó la necesidad de un pronunciamiento para asegurar que en el futuro se preserve la continuidad en los tratamientos de salud de migrantes.

El desacato frente a las decisiones de la bancada y sus manifestaciones públicas en contra de esas decisiones no generan violación a este régimen.

De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver este tipo de controversias sobre la compartibilidad pensional.

La justicia debe seguir funcionado de manera virtual y presencial, pues ambas opciones no son excluyentes y tienen beneficios para los usuarios de la justicia y para la Rama Judicial.

La aplicación del mecanismo de revocatoria directa se restringe a los supuestos contemplados por el ordenamiento.

Se requiere haber formalizado la renuncia al momento de inscribir su candidatura, a fin de evitar estar dentro de la prohibición constitucional.

Corte Constitucional estudió demanda contra, entre otros, el numeral 3 (parcial) del artículo 336 y el numeral 2 (parcial) del artículo 388 del E. T.

La convocatoria estaba dirigida a clúster, asociaciones empresariales, gremios, organizaciones de desarrollo empresarial, entidades sin ánimo de lucro, sociedades de economía mixta y sus empresas.

El documento desarrolla los mecanismos legales de protección de los bienes y presenta los de orden sustancial que contempla el ordenamiento judicial para la protección de los BIC.

Existe información que, a pesar de no tener el carácter de secreta o reservada, es estratégica o confidencial y puede ser utilizada para otros fines.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 240 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Acceso a sustitución pensional puede ser reclamado por tutela cuando de él depende la satisfacción del mínimo vital de los familiares del causante.

Jueces deben desplegar todas las actuaciones necesarias para conocer la verdad sobre los hechos que suscitan la acción y decidir si procede o no el amparo.

Los árbitros son particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia para proferir fallos en derecho o equidad.

En el evento de ser elegido como alcalde, el hermano no podrá suscribir nuevamente un contrato con el municipio.

No se niega la inscripción, pero sí hay oposición de escribir en el registro notarial una expresión grotesca y ofensiva. Se podría apelar a la objeción de conciencia.

La Sala Civil de la Corte Suprema explicó que la separación de hecho da lugar a disolución de la sociedad conyugal conformada.

También se exhortó al Congreso a avanzar en los compromisos en materia de promoción del pluralismo político previstos en el Acuerdo Final de Paz.

Consejo de Estado suspendió provisionalmente efectos jurídicos de varios artículos de una ordenanza proferida por la Asamblea del Norte de Santander.

La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión contenida en el literal b) del numeral 2º del artículo 91 de la Ley 2010 del 2019.

Uno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestación humanitaria periódica es haber sido calificado con una PCL igual o mayor al 50 %.

La indemnización dentro de una expropiación no se circunscribe al daño emergente representado en el valor del bien que sale del patrimonio del expropiado.

En los casos de atipicidad objetiva de la conducta es procedente aplicar un régimen objetivo de responsabilidad.

La UGPP presentó recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero desistió del mismo.

Una nueva regulación expedida por el Gobierno Nacional aspira a desarrollar la política de pago concebida por la Ley 1955 del 2019.

Jueces deben eliminar cualquier forma de discriminación contra de la mujer y, también, incorporar criterios de género al solucionar los casos.

La estabilidad laboral reforzada por maternidad es un derecho cierto e indiscutible y, por lo tanto, de pactarse una terminación de mutuo acuerdo es ineficaz.

La discapacidad ha pasado de una visión restrictiva que limitaba los derechos de dichas personas a un enfoque encaminado a reconocer su libre ejercicio.

Estos son documentos que buscan informar de forma muy concisa y clara sobre un tema complejo, de modo que sus lectores puedan entender fácilmente un problema.

La fuerza mayor y el caso fortuito son catalogados como imprevistos que pueden hacer imposible el cumplimiento de las obligaciones del negocio jurídico suscrito entre las partes.

Si en el contrato quedó pactada la etapa de liquidación o de cierre final de cuentas, es obligación de ambas partes agotar dicho procedimiento.

Tras 11 años de ejercicio de trabajo, la Fundación ProBono Colombia cuenta con casi 50 firmas de abogados y grupos legales empresariales vinculados y signatarios de la Declaración Pro Bono para las Américas.

Niegan nulidad del concurso de méritos para proveer planta de personal de la Alcaldía de Tocancipá.

Para determinar las conductas que guardan relación con el servicio se ha fijado un conjunto de criterios que permiten identificar el vínculo con la función al que se refiere la Constitución.

Natalia Núñez Vélez, abogada con más de 20 años de experiencia en materia ambiental y en desarrollo de estrategias legales en temas ambientales, mineros, de infraestructura y de servicios públicos, analiza los desafíos de la crisis climática.

Para los economistas, debe primar la libre competencia, la cual se debe regir por las leyes del mercado: es decir por el pulso entre la oferta y la demanda.

Puede que el concurso de méritos no garantice que aprueben indefectiblemente los mejores candidatos, pero en cambio sí garantiza algo: que no ingresen los peores.

La Corte Constitucional recordó las condiciones en las que procede la afiliación al régimen subsidiado de salud por parte del Estado.

La violación más grave al derecho de defensa y garantías conexas es la de hacer callar al abogado y truncarle el cumplimiento de sus alegaciones defensivas.

Esta vez, la Corte si rindió un servicio a la democracia.

Cualquier país que quiera hacer una defensa adecuada, completa y eficaz de la libre competencia debe contar con un esquema efectivo de reparación de las víctimas afectadas.

La CEJ se ha consolidado como centro de pensamiento experto, calificado y formador de opinión.

No olvidemos que, para conjurar la enorme turbulencia económica que estamos atravesando, los Estados han debido adoptar medidas distantes de las que dictaría la ortodoxia económica.

No obstante, deberá presentar su renuncia y la misma debe ser aceptada antes de su inscripción como candidato.

El pago de las incapacidades no solo debe ser visto como una simple pretensión económica, precisó la Corte Constitucional.

Aplica únicamente en relación con los hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.

El Consejo de Estado explicó cuáles factores salariales se deben incluir en el IBL para la pensión de los beneficiarios del régimen de transición.

El ordenamiento jurídico colombiano deja atrás la monogamia como única forma de generación de derechos y hoy les da paso a los poliamorosos.

La medida es conducente para evitar congestión judicial y brindar celeridad y seguridad jurídica al trámite.

La serie expone tres temas que siempre están ahí en la academia, pero de los que no se habla lo suficiente. El primero es la idea de que los profesores no tienen vidas privadas.

Por medio de una sentencia de unificación, la Corte explicó la suspensión del contrato de trabajo y sus implicaciones respecto a la huelga.

Igualmente, por razones de excepcional necesidad nacional, se autoriza a la Vicepresidente de la República para que permanezca fuera del territorio nacional al mismo tiempo que el Presidente de la República, mientras él se encuentra realizando visitas oficiales.

Debe tener en cuenta que no puede litigar y que los servicios que preste su firma no se relacionen con las funciones propias del empleo.

Empleador enterado de la enfermedad compleja del trabajador no puede despedirlo sin permiso del Ministerio de Trabajo.

Esta colaboración entre los dos gobiernos ratifica la posición de Colombia como un aliado de EE UU en la región y como un país abanderado de los derechos humanos a nivel mundial.

Renuencia de madre a asistir a práctica de prueba de ADN determinó falta de legitimación para formular casación y dejó en firme reconocimiento del padre.

Administradora de pensiones de la Policía no deben imponer barreras administrativas en reconocimiento de sustitución de retiro.

Se entiende que, por virtud de la cesión, el segundo subroga al primero en sus derechos y obligaciones sin solución de continuidad.

El 13 de noviembre inicia el periodo de inscripción de candidatos a las circunscripciones transitorias.

Es indispensable definir el accidente de trabajo, acorde con el artículo 3º de la Ley 1562 del 2012, para saber cuándo se está frente al mismo.

El presidente del Senado había negado la remisión del Proyecto de Acto Legislativo 017/17C – 005/17S.

Las redes sesionarán de manera ordinaria o extraordinaria en el marco de la comisión regional de competitividad del respectivo departamento.

La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra el inciso segundo del artículo 107 del Código Penal.

El Consejo de Estado precisó que el entonces representante vulneró el régimen de incompatibilidades.

La Corte Constitucional exhortó al Ministerio del Trabajo para fortalecer capacidad de respuesta a quejas en procesos de selección laboral.

Corte Constitucional reiteró las reglas jurisprudenciales sobre el derecho al acceso progresivo a la tierra.

El contenido de la norma cuestionada es compatible y concordante con la prohibición prevista en el artículo 126 superior.

La Corte Constitucional declaró inexequible el literal a) del artículo 1º de la Ley 2003 del 2019, pero aclaró el sentido del fallo.

La Corte Constitucional abordó el tema del debido proceso administrativo en los trámites asociados a la determinación de medidas de protección.

Amparo ligado a situaciones insertas en un estado de cosas inconstitucional no excluye competencia del juez de tutela.

En el caso concreto, la Corte Constitucional encontró probada la ocurrencia de un hecho superado.

Se trata de aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión.

Para dar cumplimiento a la orden de suspensión es necesario que se verifiquen varias exigencias, precisó la Corte Constitucional.

Se ampliaría de manera gradual la cobertura de los derechos reconocidos en negociaciones previas, sin disminuir su nivel de satisfacción.

La norma también dispone que no se recomienda la desinfección de zapatos para la reducción de transmisión del virus.

Se definió un texto compuesto por 65 artículos, el cual fue aprobado con 132 votos a favor en Cámara y 70 en Senado.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021.

Las disposiciones cuestionadas condicionan la realización de dichas actividades al uso de buenas prácticas ambientales y la defensa del territorio.

El Consejo de Estado imparte nuevas directrices para salvaguardar derechos de manifestantes, uniformados y demás ciudadanos en el marco del paro nacional.

Se exhortó a la Secretaría de Educación del Cauca y al Ministerio de Educación para que elaboren un diagnóstico sobre la infraestructura educativa del municipio.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 3º del artículo 1º de la Ley 1893 del 2018.

La movilidad salarial debe garantizar no solo el poder adquisitivo del salario, sino su incremento.

Si bien los pensionados pueden ser sujeto de discriminación, ello no es suficiente para exigir al legislador equiparar los elementos de liquidación.

Jueces constitucionales no pueden aplicar reglas del trámite escrito cuando presuntamente esté vulnerado en el seno de una comunidad indígena.

Que al accionante no le satisfaga lo resuelto por las accionadas, por no ser favorable, no es motivo para amparar el derecho de petición.

Se vulneraron los derechos de la accionante al negarle las citas con la junta multidisciplinaria para que definiera los procedimientos necesarios.

Llamado de atención a Fonprecon para que haga una evaluación detallada de las pruebas médicas que presenten los ciudadanos cuando reclamen la sustitución pensional por invalidez.

Si bien la norma establece como obligación cobrar tasas de uso, estas no han sido fijadas por el Ministerio de Transporte.

Ordena pagar igual indemnización a padres de niño que sufrió graves daños sicofísicos por mala atención médica.

Aunque las personas se hallen condenadas, inclusive privadas de la libertad, siguen gozando de ciudadanía.

Armonización que realizaron las autoridades judiciales de los artículos del CPT y del CGP no fue caprichosa, inadecuada o violatoria del derecho sustancial.

Corte protegió derecho pensional de adulto mayor que fue vulnerado por decisiones que desconocieron pronunciamientos sobre principio de favorabilidad.

Cuando el contrato de suministro no contenga cláusula de exclusividad, suministrado puede celebrar acuerdos sin afectar primera relación.

El Congreso transgredió su poder de reforma y afectó un eje definitorio de la Constitución como lo es el Estado social de derecho fundado en la dignidad humana.

El Consejo de Estado precisó qué constituye la contaminación marina y cuáles son los daños de esta.

Este es un derecho fundamental que trasciende el campo puramente ambiental, precisó la Corte Constitucional.

La providencia explicó que los árbitros administran justicia con los mismos deberes y facultades de los jueces.

La noción de cargo público aplica a quienes desempeñan un empleo público basado en la vinculación legal y reglamentaria.

Cuando existe vulneración o amenaza a derechos fundamentales, las decisiones pueden ir más allá de lo pedido.

Para qué imponer medida de detención preventiva en audiencia preliminar, si al dictarse sentencia aflora el derecho al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Al interesado en su reparación le corresponderá, además de probar su ocurrencia, acreditar su extensión o dimensión, esto es, su cuantía o ‘quantum indemnizatorio’.

Hay que tomar medidas para evitar que los estereotipos que le asignan menor valor a la vida de ciertas personas influyan en las decisiones de priorización.

El reconocimiento y pago de las incapacidades fueron atribuidas a los distintos agentes del sistema.

El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental que se pretendía evitar se materializa.

Un abogado fue investigado y sancionado en primera instancia, al incurrir en maniobras dilatorias ante el tribunal de arbitramento.

Según Laura Cristina Dib Ayesta, abogada experta en temas migratorios, pese a que Colombia recibe, a diario, a miles de extranjeros, las disposiciones nacionales tienen muchas falencias, sobre todo en materia de refugio.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la seguridad social y al debido proceso de un soldado en servicio activo diagnosticado con VIH.

La libertad de cultos no comprende el derecho de afectar bienes jurídicos fundamentales ajenos, menos el de la vida.

Sus integrantes no son servidores públicos y, por ende, no se configura la prohibición constitucional.

El fallo explicó que la ineficacia de un negocio jurídico comprende las diferentes variables que afectan las repercusiones esperadas de los acuerdos privados.

La Corte profirió dos decisiones sobre el piso de protección social incluido en el Plan Nacional de Desarrollo. En una declaró la exequibilidad condicionada de la medida, la cual será transitoria, debido a que en el otro fallo declaró, por cargos diferentes, la inexequibilidad de la norma a partir...

Haciendo un balance de lo que ha significado la admisión de la demanda en los trámites procesales, hay que admitir que muy poco o nada ha aportado a la justicia.

Los últimos meses han sido pródigos en la expedición de novedades normativas en materia laboral.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que el perjuicio irremediable no es susceptible de una definición legal o reglamentaria.

Pronto, nos veremos abocados a nuevos trámites legislativos en materia tributaria. Ojalá, este futuro próximo no sea más de lo mismo.

La expectativa de gabelas procesales puede estimular que la búsqueda rápida de recursos, tan necesarios en la actualidad, fomente el incumplimiento de deberes.

La palabra clave es ‘brillo’ en la tarea del funcionario, para llegar a la cúpula sin que esta sea la única meta digna, apreciable y honorífica.

La Circular 016 del 2018 admite la matrícula del estudiante sin contar con los certificados convalidados por la autoridad colombiana, en tanto se logra su legalización.

Está inhabilitado para celebrar contratos por sí o por interpuesta persona o en representación de otro.

Si bien el juez puede apartarse del precedente, para ello debe efectuar una argumentación suficiente de las razones de su disentimiento.

No existe ningún motivo que impida implementar estas operaciones con ocasión de las condenas previstas en laudos proferidos en arbitrajes nacionales en Colombia.

Corte Constitucional ordenó instalar energía eléctrica en una vivienda afectada por la falta de este servicio.

Incumplimiento del plazo de respuesta frente a solicitudes de expedición de esta tarjeta profesional puede poner en riesgo varios derechos fundamentales.

La designatura a la Presidencia dio para todo. Uno de los últimos episodios fue al final del gobierno de Guillermo León Valencia cuando al presidente titular lo invitaron a visitar a Argentina y Uruguay.

En relación con graves violaciones de derechos humanos, el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional.

Al actualizar la obra, esta cuarta edición incluye el concepto de protección social, para enfatizar el análisis de los compromisos adquiridos frente a los grupos vulnerables.

El texto analiza el derecho a la participación, partiendo por revisar, en términos generales, la consagración jurídica y los avances jurisprudenciales al respecto.

El 29 de noviembre del 2001, Paul argumentó que era un sinsentido financiar una guerra global “contra el terrorismo” sin que el objetivo fuera preciso o coherente.

La Nación tiene la obligación de impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar programas, planes y proyectos de inversión del orden nacional en materia de educación.

La operación se realizó en su totalidad a precios de mercado. Como pago de los dólares, se entregó al Banco TES del portafolio diversificado que administra, valorados a precios de mercado.

En el caso concreto, la corporación determinó que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra dos apartes contenidos en los numerales 5º y 6º del artículo 389 del Código General del Proceso.

De advertirse inconvenientes que incidan directamente en la consolidación del programa, el bien puede ser sujeto de cesión o transferencia a título gratuito.

Autoridades deben garantizar progresivamente que los menores ejerzan sus derechos a medida que estos desarrollan un mayor nivel de autonomía personal.

La Corte Suprema de Justicia perdió, una vez más, la oportunidad de ofrecer claridad y estabilidad a los operadores jurídicos del país sobre esta regla.

La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “o privados” contenida en el artículo 21 de la Ley 105 de 1993.

Consejo de Estado explicó el alcance y la finalidad del recurso de insistencia

La entidad no tiene facultades para garantizar la producción de este complemento nutricional en mayores cantidades para distribuir a otros países.

Todas las medidas de hecho tendientes a impedir que forme o conserve los lazos familiares deben ser reprendidas.

El ordenamiento jurídico les impone a las EPS el deber de adelantar las acciones de cobro de los aportes en mora.

Aunque los autores de la iniciativa celebran su aprobación y consideran que facilitará el acceso al crédito, sus detractores afirman que impactará las tasas de interés, dificultando que los bancos le presten a personas de menores ingresos.

La Corte Constitucional estudio una demanda presentada contra el artículo 37 A de la Ley 712 del 2001, que reformó el Código Procesal del Trabajo.

Juez de tutela debe verificar cumplimiento de requisitos de procedibilidad que fijó la Corte Constitucional

La Corte Constitucional indicó una distinción entre los actos administrativos definitivos y los de trámite.

Según la reforma constitucional, la Cámara de Representantes tendrá 16 representantes adicionales para los periodos constitucionales 2022-2026 y 2026-2030.

El alto tribunal moduló los efectos de la decisión, los cuáles se difieren a partir del 20 de junio del 2023.

Se dará una mirada al derecho a la rectificación por internet y se examinará si la responsabilidad civil extracontractual por publicaciones y los delitos de injuria y calumnia son una limitante frente a la libertad de expresión y de prensa.

La Corte Constitucional admitió una demanda presentada en contra del artículo 68 de la Ley 44 de 1993.

La Corte Constitucional suspendió la realización de las pruebas de la Convocatoria 27 programadas para este domingo 29 de agosto.

El acompañamiento de la Procuraduría se realiza con el objetivo de tener una respuesta oportuna y garante de derechos.

Consejo de Estado decidió el control inmediato de legalidad de la Resolución 789 del 2020 y la Resolución 947 del 2020, de la Aeronáutica Civil.

La constitución de sindicatos y el derecho de asociación sin intervención del Estado están contemplados en el artículo 39 de la Constitución Política.

Se dará una mirada al derecho a la rectificación por internet y se examinará si la responsabilidad civil extracontractual por publicaciones y los delitos de injuria y calumnia son una limitante frente a la libertad de expresión y de prensa.

La propuesta incorpora acciones específicas para reactivar el sector productivo y adopta los avances más exitosos a nivel internacional para modernización del régimen.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 188 de la reforma tributaria estructural (Ley 1819 del 2016).

La Corte indicó que las personas pueden demostrar su domicilio en Colombia a través de medios de prueba distintos al establecido en el Decreto 4000 del 2004.

El exministro había sido demandado en repetición por la entidad debido a que tuvo que indemnizar a una exfuncionaria que no fue incorporada a la planta de personal del ministerio cuando se fusionó con el Ministerio del Interior, en 2003, pese a tener derechos preferenciales.

La Corte Constitucional indicó la definición de patria potestad, la consecuencia natural de su pérdida y las causales.

La entrega del testimonio vivo y narrado significa para las víctimas la posibilidad de escapar al olvido y, para la comunidad política en general, un instrumento inmejorable para recuperar la compasión.

La demanda de inconstitucionalidad se presentó contra el artículo 67 de la Ley 472 de 1998 y de los artículos 273 y 274 del CPACA.

La Sala Plena de la Corte Constitucional abordará esta semana el estudio del proyecto de ley estatutaria aprobado en 2020 por el Congreso que modifica la Ley 1266 del 2008, sobre habeas data en materia financiera.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 86 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

La situación se presenta cuando el jefe del respectivo organismo así lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio público.

Consejo de Estado recuerda los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Apreciación de las pruebas en forma individual y en conjunto deben corresponder a los contextos en que se desarrolla la vida familiar de las parejas diversas.

La prohibición se encamina a restringir que quien tenga la función nominadora en una entidad nombre a sus parientes o cónyuge.

El Consejo de Estado precisó que los elementos aportados por la Fiscalía no permitían inferir que el demandante hubiera participado en el delito de rebelión.

Las prerrogativas que consagra el régimen de derecho de autor contemplan un doble contenido: derechos morales y patrimoniales.

La Corte confirmó una decisión que declaró la unión marital entre un hombre y una mujer pese a que cuando empezó su relación esta era mayor de edad mientras que él apenas contaba con 14 años.

Para adquirirse el predio o el derecho de servidumbre se deberá contar con un avalúo elaborado por el IGAC o por gestores catastrales habilitados.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra algunos apartes del numeral 3 y 4 del artículo 11 del Decreto Ley 20 del 2014.

Corte Constitucional protege derecho a la salud de una menor venezolana en condición migratoria irregular.

La tarifa busca recuperar los costos del servicio, cuya financiación se determina por cobertura, calidad y redistribución de ingresos.

Protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación significó un cambio trascendental en la concepción del Estado a través de la Constitución del 91.

Las providencias de segunda instancia también están sometidas al principio de congruencia, explicó la Sala Civil.

El alto tribunal le dio dos meses al Ministerio del Trabajo para que expida una regulación para el reconocimiento de dicha prestación en el Régimen de Prima Media con base en la nueva metodología.

A pesar de las victorias que se consiguieron a causa del sufrimiento de muchas personas, y así muchos colectivos lo quieran negar, sí hemos avanzado como humanidad.

El Consejo de Estado indicó que este llamamiento es contrario a la prohibición de que trata el inciso 2° del artículo 134 de la Constitución Política.

La Corte Constitucional protegió el derecho a la libertad de expresión y de prensa de periodistas en procesos de presunta responsabilidad civil.

Antes que trasgredir la Constitución Política, constituye un esfuerzo por avanzar en el desarrollo armónico de protección de la población joven.

La norma establece diferentes opciones de plazos y montos. De esta manera los interesados pueden acogerse a la alternativa más adecuada según su caso particular.

La Corte declaró inconstitucional un parte contenido en el inciso 3º del artículo 1º de la Ley 2029 del 2020.

Será el consejo directivo, previa recomendación del consejo académico y consentimiento de los padres, quien autorice la promoción.

Consejo de Estado precisó qué se requiere para que un servicio se considere como intermedio de la producción.

No se procedente asignar todas y cada una de las funciones correspondientes a otro cargo diferente al que desempeña el funcionario.

Lina Malagón Penen, profesora de la Universidad Externado de Colombia, sustentó en la Universidad Panthéon-Assas (Paris II) su tesis doctoral titulada “Movimientos sociales, derecho y justicia constitucional.

Las audiencias ahora comienzan a tiempo, no se aplazan, cada juzgado tiene su sala de audiencias, no hay gastos en tiquetes, hoteles, viáticos, papelería, mantenimiento.

Aunque brillantes y aburridos, los libros de Kelsen nos pintan un paisaje sin personas, sin emociones, un paisaje estéril.

El Consejo Superior de la Judicatura expidió un acuerdo mediante el cual actualizó las tarifas del arancel judicial para las jurisdicciones de lo contencioso administrativo, constitucional y disciplinaria, así como de los asuntos civiles y de familia de la jurisdicción ordinaria.

La Corte declaró inexequible una expresión del artículo 116 del PND sobre evaluación de proyectos de APP de iniciativa privada, al considerar que vulneraba su derecho a la propiedad privada.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 298 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

El caso de la acción que buscaba anular el partido de las selecciones es un buen indicio de lo que sucede cuando la sofisticación en el ejercicio del Derecho sobrepasa ciertos límites.

Un fallo reciente de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia aborda este tema de actualidad.

La realidad de las familias actuales es que han perdido la cultura del compromiso, de la solidaridad y del respeto entre sus integrantes.