La nueva normativa se refiere a la inscripción, la administración, los procedimientos y la prestación de los servicios del registro de estas garantías.
Artículos 28 de la Ley 222 de 1995 y 444 del Código de Comercio son equivalentes en el tratamiento al representante legal y al liquidador, en cuanto a su autoridad administrativa.
Las entidades se abstendrán de hacer la inscripción, renovación o actualización de los proponentes, si la información presentada no es suficiente o es inconsistente.
Las relaciones de amistad que tejen las personas durante sus vidas pueden llegar a estados de cercanía como los que se tienen con los miembros de la propia familia.
No existe diferencia de trato frente al cómputo del plazo a partir de la reclusión en establecimiento carcelario, para quienes se desmovilizaron estando en libertad.
La demora del ministerio al expedir la certificación después de la adquisición de los bienes no puede tener como consecuencia la pérdida del beneficio fiscal.
No es razonable ni proporcionado que una autoridad administrativa tenga el poder para despojar del cargo a parlamentarios elegidos democráticamente, indicó.
El profesional del derecho, al no actuar con celeridad, desconoce el deber que tiene todo abogado de obrar con honradez y diligencia ante sus poderdantes.
En firme la decisión del Ministerio Público, al alcalde solo le restaría acudir a la acción de tutela o interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Las empresas que están en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben aplicar el Decreto 2784 del 2012.
Los reglamentos técnicos u operativos que expidan los prestadores no podrán incluir requisitos adicionales a los establecidos en la normativa expedida por el Gobierno.
Para el Ministerio Público, esta imposición no solo desincentiva la presentación de acciones temerarias, sino también de aquellas promovidas con pretensiones justas.
Para el Ministerio Público, el alcalde violó el artículo 48 de la Ley 734 del 2002, al desconocer los principios de la contratación estatal y la función administrativa.
El Consejo de Estado recordó las reglas que se aplican en estos casos, de acuerdo con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984).
Si el acto administrativo de adjudicación es ilegal, el contrato se forma con un vicio de ilegalidad de tal linaje, que no es susceptible de saneamiento.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría pueden solicitar información para la investigación o proceso penal, disciplinario o de responsabilidad fiscal en desarrollo.
Un aparte de Código General del Proceso había sido demandado, porque el legislador no podía modificar las reglas del juez predeterminado para los casos que estaban en curso.
Si el objetivo es evitar la concurrencia de sociedades, es suficiente que la sociedad conyugal haya llegado a su término, para lo cual basta la disolución.