El Consejo de Estado recordó que las pretensiones de reparación directa por más de $ 37 millones que se dieron en procesos iniciados en el 2000 tienen vocación de doble instancia. Ello porque la norma aplicable a la época era el artículo 2º del Decreto 597 de 1998 que, al modificar el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo (numeral 10º), estableció que los tribunales conocerían en primera instancia los casos de reparación directa cuyas pretensiones superaran los $ 3’500.000. De allí se deprende lo fijado en el numeral 1º del artículo 129, que deja en cabeza del Consejo de Estado la competencia para conocer de las apelaciones a este tipo de demandas. Frente al caso concreto, la corporación condenó a la Nación por fallas en el servicio, derivadas de la deficiente atención a una mujer que falleció a causa de un aneurisma abdominal, tras 15 horas de retraso en la aplicación del procedimiento que requería (M. P. Jaime Orlando Santofimio).