La Corte Constitucional admitió una demanda contra los numerales 2º y 4º del artículo 326 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), que establece las condiciones del periodo de prueba del principio de oportunidad. A juicio del demandante, el derecho penal no puede obligar a un imputado a someterse a tratamientos para que abandone el uso de sustancias alcohólicas y sicoactivas, porque esto interviene en el fuero interno y la autonomía personal y atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, advierte que incluir estos tratamientos y programas en las condiciones que deben cumplir los imputados para acceder al periodo de prueba del principio de oportunidad vulnera los artículos 1º y 116 de la Carta Política, ya que el Estado no puede inferir en las decisiones que cada persona elija para su propia vida (demandantes: Rhonald Saavedra Martínez y Ciro Alfonso Castellanos Páez)