Por supuestas violaciones al derecho al trabajo, a la remuneración mínima vital y a la irrenunciabilidad a tales garantías, fue demandada la norma que consagra la gratuidad de la labor de los curadores ad litem ante la Corte Constitucional (numeral 7º del artículo 48 de la Ley 1564 del 2012). Además del desconocimiento de los artículos 25 y 53 de la Constitución, aduce la demandante, la disposición supone ignorar normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La actora cuestiona las labores institucionales encaminadas a que los congresistas recuperaran pagos salariales que estaban basados en normas que no pasaron su respectivo examen de legalidad y que, simultáneamente, quienes ejercen roles como los que son objeto de discusión en la acción hayan perdido su derecho a una remuneración. El texto añade que, si se trata de garantizar el derecho a la defensa de personas desposeídas, la Defensoría del Pueblo ofrece esas herramientas a través de los abogados de oficio, mientras que la labor de estas curadurías se da a favor de entidades financieras y demandantes con suficiente capacidad de pago.