La Procuraduría General de la Nación le pidió nuevamente a la Corte Constitucional que declare inexequible la Ley 1653 del 2013, que regula el cobro del arancel judicial. El Ministerio Público considera que esta imposición, al desincentivar la presentación, no solo de acciones temerarias, sino de aquellas promovidas con pretensiones dinerarias justas, genera una restricción desproporcionada de acceso a la administración de justicia, que es contraria a ese derecho. Sin embargo, consideró que el exigir comprobante de cancelación del arancel “cuando hubiere lugar”, como lo impone el artículo 84 (numeral 4º) de la Ley 1564 del 2012, no viola la Constitución, pues la imposición alude a la concepción anterior del gravamen que, para la Procuraduría, se acogía a los principios de la Carta Política de 1991. La ponencia será presentada por la magistrada María Victoria Calle.