La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que obliga al empleador a pagar la sanción que se le imponga por eludir conversaciones de arreglo directo del pliego de condiciones presentado por el sindicato, como requisito para atacar tales actos administrativos (numeral 2º del artículo 443 del Código Sustantivo del Trabajo). A juicio del Ministerio Público, la medida se justifica, pues el Estado social de derecho debe esforzarse por poner en práctica mecanismos que obliguen al empresario a respetar la negociación colectiva, por tratarse de una manera más efectiva de defender las garantías laborales. La ponencia será proyectada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.