En el trámite de una acción de nulidad electoral, el Consejo de Estado reiteró que las disposiciones del Decreto 1768 de 1994, sobre la organización o reforma de las corporaciones autónomas regionales y de las corporaciones de régimen especial, son contrarias al ordenamiento Constitucional. Esta circunstancia se deriva de que el régimen de inhabilidades tiene reserva legal, de conformidad con la Carta Política en sus artículos 123 y 150, numeral 23, parágrafo transitorio adicionado al artículo 152 por el artículo 4º del Acto Legislativo 02 del 2004, 181 y 293. Dichas normas con absoluta claridad precisan que solo el Congreso de la República puede ocuparse de la materia mediante la expedición de una ley, concluyó el alto tribunal (C.P. Alberto Yepes Barreiro).