Aunque el tema podría parecer ya superado, la credibilidad de un testimonio no es un asunto de forma, sino de fondo.

No basta con reformar la Constitución y sacar leyes para resolver los problemas sociales, se debe indagar a fondo las causas y es determinante la voluntad política

El fallo tiene aspectos importantes en materia de derechos políticos y de acceso efectivo a la justicia, pero no logra con su decisión armonizar el ordenamiento jurídico colombiano con las obligaciones internacionales que adquirió el Estado.

Surge preguntarnos si las sociedades actuales conocen sus estatutos superiores y su funcionamiento, y si tienen en su interior arraigado el reconocimiento de su magnitud.

Su gran preocupación intelectual ha sido Colombia, hacia allí ha dirigido el profesor Salomón Kalmanovitz su trabajo y sus talentos de economista e historiador.

Es preciso dotar a esos jueces bienintencionados de instrumentos que les permitan despojarse de tramitaciones eternas y, a veces, repetitivas e inútiles.

La forma de abordar todos los problemas asociados a la gestación subrogada no puede despacharse sin considerar su complejidad, proponiendo su legalización sin más.

Interesante discusión jurídico-económica tendrá que abordar la Corte Constitucional.

Es importante la acreditación hecha por la Jurisdicción Especial para la Paz, porque reconstruye y relaciona los estándares dispuestos en la guerra para la defensa ambiental.

Bolívar ha sido biografiado desde varios ángulos: el presidente Liévano Aguirre relató su vida; el mandatario ecuatoriano Olmedo cantó a Junín e idealizó la epopeya.

La Sentencia C-030 del 2023 pretende armonizar las normas constitucionales con las convencionales.

Este Gobierno reconoce que el derecho de huelga y las garantías para su ejercicio son esenciales en una sociedad democrática.

Estos elementos fortalecerían la descentralización y la autonomía territorial en tanto garantizarían la inclusión de sectores sociales, políticos y económicos tradicionalmente excluidos de los debates democráticos.

La ausencia de controles materiales en la imputación y acusación dio paso a los abusos en este tipo de actuaciones por parte de los encargados de la investigación penal.

El Acto Legislativo 01 del 2023 otorga a los campesinos el estatus de sujetos de especial protección constitucional.

Es necesario regular el uso de la IA en el sistema de justicia y en la profesión jurídica, teniendo como norte el respeto por los derechos humanos.

Entendemos el fin de esta modificación, pero la celeridad no puede ser óbice para el respeto de la división de poderes.

La interpretación de las normas sobre derechos humanos debe procurar, en todos los eventos, su mayor alcance y eficacia posibles.

El querer aplicar un sistema de monismo jurídico en materia de control fiscal es desconocer que en Colombia existe un conjunto de culturas con valores específicos.

Las cifras muestran que la mayoría de empleos en el país los generan las micro, pequeñas y medianas empresas, que son, además, más del 99 % del tejido empresarial colombiano.

Un aspecto llamativo del libro es que su público objetivo trasciende la comunidad epistémica de los juristas para abarcar también la ciudadanía en general.

La confianza en la justicia en Colombia debería ser como el hierro, pero en realidad es endeble, se resquebraja fácilmente y cuesta mucho repararla.

Ante los constantes asaltos al edificio constitucional, los parámetros de la Convención Americana de Derechos Humanos y el control judicial de convencionalidad adquieren más importancia.

La sagrada misión del penalista y su lucha por el Derecho deben continuar, sin derrotismos ni desaliento.

Es correcto hablar de un derecho de acceso efectivo a la administración pública para la resolución de quejas o denuncias en materia de competencia.

La primera acción de grupo, una vez admitida, está favorecida por el pleito pendiente y, al ser decidida, por la cosa juzgada.

La idea de recuperar los derechos laborales que el Gobierno de Uribe desmontó, en 2002, es justa y urgente.

En el ámbito legal, es necesario también plantear regulaciones específicas que desarrollen las protecciones constitucionales de los animales rescatistas.

Se deben superar las barreras burocráticas y se requiere un enfoque que promueva la igualdad de armas, garantías procesales sólidas y una justicia premial efectiva.

El artículo 181 de la nueva normativa prevé una ampliación de la jornada electoral. De esta forma, las votaciones se cerrarán a las 5:00 p. m.

Si se trata de hacer justicia, el pago de esos intereses generados por la morosidad judicial debería asumirlo el Estado.

Negar la posibilidad de audiencias virtuales en los juicios a las víctimas es negar una visión más amplia del derecho a la no confrontación de las mujeres con el presunto agresor.

Por su efecto de “cuello de botella” sobre los demás sectores de la economía, el transporte público es uno de los asuntos de Estado más importantes y desafiantes de la actualidad.

Varias reformas constitucionales dan cuenta de un proceso de control central de la distribución y destinación de los recursos con los que se financia el ejercicio de las competencias de las entidades territoriales.

La transición energética que se traduce al día de hoy en soluciones energéticas bajas en emisiones de Co2 se puede desplegar con nuevas técnicas de regulación.

En la discusión se omiten, deliberadamente, los matices, excepciones y detalles jurisprudenciales que no convienen para el discurso imperante.

La Sentencia C–064 del 2021 de la Corte Constitucional ratifica la función administrativa sancionadora que cumplen estos tribunales.

La sentencia de la Corte Constitucional le devuelve la autonomía al Consejo Superior de la Judicatura.

Colombia se jacta de ser un Estado que ha propendido por la defensa de nuestra Constitución.

La enorme resistencia a los derechos colectivos es solo evidencia del desconocimiento de estos, pero también está asociado a la histórica cultura antisindical que ha habido en nuestro país.

Creo que juez y partes mantienen la facultad para que determinadas pruebas dentro del juicio oral puedan ser virtuales.

Algunas autoridades ambientales, en la práctica, desconocen el derecho al debido proceso de los investigados por la forma en la que conducen dicho procedimiento.

Tres audiencias judiciales recientes ofrecieron elementos que reavivan el debate sobre las conexiones entre verdad histórica y judicial.

La visita del fiscal de la CPI suscita interrogantes jurídicos y políticos, además de expectativas frente a la permanente demanda de justicia por los graves crímenes cometidos en nuestro país.

Estamos sujetos a muchas normas jurídicas que no pasan por procedimientos democráticos y son producidas por distintas burocracias del Estado.

Con la expedición de la Ley 2292 de 2023, se morigera un poco más la deficiencia familiar que produce la condena penal en el progenitor cabeza de familia y en sus hijos menores o discapacitados.

El impacto de este autor en nuestra cultura jurídica no solo se debe al idioma común, sino también a su sensibilidad hacia problemas sociales y políticos contextuales, muchos de ellos afines.

En el mundo del trabajo, la gran receta consiste en hacer armónicas las reglas jurídicas, la progresividad en las garantías de los trabajadores y las realidades de la economía.

Quienes abogan por su legalización pretenden el fortalecimiento de un multimillonario mercado y no la universalización del derecho a la paternidad.

El PND del actual Gobierno crea varios tributos (en especial, tasas y contribuciones) y modifica otros existentes.

Tal vez sea el momento de romper la tendencia de indultos sistemáticos que no han logrado una verdadera paz, garantizar el cumplimiento del Derecho y premiar a quienes cumplen con las reglas de juego.

En la contemporaneidad, como nunca antes, se evidencian casos en los que los gobernantes o los congresos, sin pudor, desafían los marcos constitucionales.

Es una lástima que no se cree la Corte Agraria y Rural, que sí hace falta como órgano único de cierre en los asuntos civiles y administrativos relacionados con lo agrario.

Colombia requiere, con urgencia, un giro de 180 grados en la elección de contralores, procurador, defensor del pueblo, personeros, fiscal y magistrados de altas cortes.

Actualmente los contribuyentes cuentan con más y mejores herramientas para defenderse de la imposición de sanciones por parte de la administración tributaria.

¿Cuál es el justo precio que en términos de estabilidad institucional y legitimidad democrática se está dispuesto a pagar por alcanzar la denominada ‘paz total’?

Son varios los elementos por considerar en el análisis de las tensiones entre unidad, descentralización y autonomía, en el marco del ordenamiento territorial en Colombia..

Es vital resaltar tanto la necesidad como la dificultad de remarcar los límites de la relación juez/litigante.

En algunos casos, los representantes legales y, en general, quienes ostentan la calidad de administradores de personas jurídicas, pueden ser declarados responsables fiscales.

Solo en el 2022 se radicaron 663.463 tutelas en el país, según las estadísticas de la Corte Constitucional, es decir, un promedio de 1.817 tutelas por día.

La reforma propuesta por el presidente Gustavo Petro revive el Decreto 2487 de 1973, que fue anulado por el Consejo de Estado, en 1974.

Una fiscalía idónea es garantía para toda la ciudadanía, es la conquista de un Estado social y democrático de derecho.

Una cosa es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y otra cosa es que se ponga en ejecución, porque de pronto se convierte en un Plan Nacional del Subdesarrrollo.

Cuando a una mujer se le mata por no ser la mujer “que debería ser”, se está en sede de un feminicidio.

La desinformación promovida por un Jefe de Estado nunca estará en el campo de la libertad de expresión ni podrá ser entendida como una opinión o interpretación personal.

El resultado de esa ponderación lleva a la conclusión de que un bien jurídico se tendría que sacrificar en alguna medida para salvaguardar el otro.

El incesto, acto abominable, clandestino y vergonzoso, no comporta alternativa diferente a la de penalizarlo de manera ejemplarizante.

El Banco de la República inició su vida institucional en 1923, sorteando la quiebra del Banco López y el pánico financiero consiguiente.

Si bien las fases procesales de la expropiación agraria pueden percibirse como “burocracia”, son la garantía de los derechos de defensa del propietario.

Las pretensiones son la declaratoria de inexequibilidad de las expresiones “y/o exoneración” de la norma demandada, o subsidiariamente que se declare la constitucionalidad condicionada para que se tenga como una exclusión tributaria.

El esquema que se propone es inviable, desconoce que la huelga como derecho protegido constitucionalmente no es absoluto, que debe estar reglado y tener límites claros.

Una sentencia anticipada elimina el riesgo de decretar medidas de suspensión provisional de normas que después no sean declaradas inexequibles.

La justicia tiene deudas históricas con las mujeres, por lo cual la Corte viene implementando estándares de protección para garantizar sus derechos.

En las sociedades contemporáneas la información y los datos personales son bienes intangibles altamente valorados, al tiempo que también son expuestos, manipulados y almacenados en grandes bases de datos con fines comerciales.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-054 del 2023, determinó la inexequibilidad de los artículos 6° y 151 de la Ley 2200 del 2022.

Aproximadamente, el 1 % de los residuos sólidos que se disponen en el país van a botaderos y, al menos, 78 municipios colombianos los utilizan como sistema de disposición final.

El título del libro proviene del intento de revivir la antigua conexión entre el Estado de derecho y la razón, y de rechazar su asociación con las ideas que establecen una especie de certeza mecánica en su aplicación.

¿Puede la ley, sin considerar las circunstancias concretas, calificar automáticamente que ciertas relaciones laborales se consideren subordinadas (‘riders’ y ‘pickers’)?

La cabeza genera el drama y, con frecuencia, también su resolución para restablecer el propio sentido de estabilidad personal con el entorno.

Los operadores del sistema de justicia no pueden utilizar ChatGPT como si fuera un oráculo de las normas o de la jurisprudencia aplicable.

Aunque los nombramientos pendientes son importantes, casi nunca son urgentes y ese podría ser el pretexto para decir que no hay prisa.

Para hacer justicia a los animales, deberíamos comenzar por repensar las categorías que nos ha legado el liberalismo decimonónico.

El catastro multipropósito permite ver la complejidad de las relaciones con el territorio como un bosque, sin acotarse a un único dato que sería el árbol meramente fiscalista.

Estas posibilidades sirven para estimular buenos comportamientos a riesgo de perderlos y para diezmar los negocios oscuros de los celulares secretos.

¿Qué lectura, entonces, puede tener la primera y segunda parte del artículo 6º del E. C., junto a los referidos numerales 5º del artículo 5º, el artículo 10 y el artículo 20, también del E. C.?

A los congresistas nadie los castiga por su pobre desempeño. Pueden dormirse en las sesiones, no tener ideas, no leer los proyectos, no participar en los debates y decir barrabasadas.

Las herramientas institucionales y una democracia guiada por una ciudadanía activa y crítica, e instituciones fuertes, pueden hacer funcionales el diseño constitucional de control sobre el poder público.

Las leyes estatutarias vienen a ser unos cofres especiales donde se guardan las joyas más preciadas del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y otras materias esenciales.

El aumento de precios en las matrículas de las instituciones de educación superior (IES) privadas en Colombia ha generado debates y polémicas que se acentuaron a finales del año pasado y a comienzos del 2023.

Avanza en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política que establece la jurisdicción agraria y rural.

El sistema de facturación electrónica es una nueva realidad de las compañías, que impacta directamente los procesos de preparación de las declaraciones tributarias.

Es fundamental reconocer la importancia que tienen las comunidades indígenas y negras en la conservación de los bosques y los recursos naturales renovables.

El debate está abierto, la discusión democrática debe propiciarse, pues los asuntos diversos que llegan a los jueces por falta de regulación normativa allanan el camino a la inseguridad jurídica.

La práctica jurídica en materia de asesoramiento de los casos de concurrencia de parejas se ha vuelto cada vez más compleja.

Prohibir la minería significa prohibir la minería legal, dejar las minas a merced de ilegales, una decisión por la cual el presidente no debería dejar de asumir responsabilidad política.

Los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalan que la Rama Judicial está salvaguardando los principios de la Carta de 1991.

En cualquier Estado soberano el presidente está obligado a proteger a la sociedad y a sus propios agentes del orden; y si, tácticamente, decide no atacar al enemigo, ya liberados los policías secuestrados está obligado a detener y a castigar a los subversivos.

Dos temáticas absolutamente relacionadas y complementarias se están tramitando por vías diferentes y excluyentes entre sí.

El tiempo que puede pasar una persona en un litigio cuando existen divergencias interpretativas es tiempo en el que existe una negación de facto de sus derechos como sujeto.

No existen parámetros válidos de exclusión del Sistema General de Pensiones por edad, ya sea frente a menores de edad o personas mayores.

Seguimos a merced, al menos desde el Derecho, de una construcción artificial de la naturaleza vía el lenguaje jurídico.

Esto no se hace ni por los ‘papitos’ ni por garantizar la libertad de la mujer. Detrás de esta práctica existe un multimillonario negocio de personas y sociedades.

Acción de responsabilidad civil contractual: una figura clave, aunque poco explorada para la defensa de los recursos públicos.

Toda mi admiración, respeto, agradecimiento y cariño para esas jóvenes mujeres que se cuidan y se apoyan entre ellas y que por fin han entendido que la de al lado es aliada y no competencia.

El ejercicio del derecho a la resistencia va acompañado de una simbología que funciona como herramientas de la memoria y sensibilización del otro, pues, a veces, la realidad parece no ser suficiente.

Aún quedan obstáculos y desafíos en la ruta para que esta decisión se implemente con la integridad que merece, y con las guías que se determinan en la resolución del Ministerio.

Herramientas tecnológicas de inteligencia artificial podrán apoyar el logro del objetivo de la justicia de género.

El proyecto de ley establece que los recursos del sistema de salud son de destinación específica y, por ello, son de carácter parafiscal, inembargables y tienen naturaleza pública.

La persecución por razones de género se refiere precisamente a conductas que se cometen al amparo de prejuicios y estereotipos sexistas.

A diferencia de lo que sucede con otros temas, el estado actual de la muerte digna en el derecho internacional de los derechos humanos aún es incipiente e, incluso, cauteloso.

No podemos seguir denominando figuras tributarias impropiamente, ni definiendo erradamente los elementos de su obligación tributaria.

La doble condición de mujer y discapacidad genera para el Estado y los particulares un sinnúmero de deberes relacionados con la eficacia de sus derechos.

La trata de personas se produce y desarrolla en diversos entornos de vulnerabilidad económica, social, política, jurídica, geográfica, etc.

A pesar de los derechos fundamentales que ha reconocido y salvaguardado la Corte Constitucional, no cesa la violencia de género de la que continuamente es objeto esta población.

Los riesgos ambientales contienen un componente de futuro que es preciso evitar y, por ello, cobra vital importancia la prevención.

Las potestades que se le otorgarían al presidente por virtud del proyecto de artículo 298 del Plan de Desarrollo son demasiado amplias e imprecisas.

Los poderes judiciales y las fiscalías de América Latina deben asumir que la información de su gestión es pública y no privada.

Con las mayorías en el Capitolio Nacional por parte del Gobierno Nacional, pareciera que este año será histórico para los animales en Colombia. ¡Por fin!

El camino de la larga movilización de las víctimas dentro de las instituciones de justicia crea evidentes dificultades para culminar el duelo y desapegarse del dolor.

Durante años, se han promulgados diferentes normas que han regulado la materia. La más reciente de ellas es la reforma tributaria contenida en la Ley 2277 del 2022.

La Sentencia SP3974 del 12 de diciembre del 2022 emitida por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un trámite correspondiente a la acción de revisión, ha generado varias confusiones.

¿Por qué la cárcel sí es un factor tan relevante en delitos contra la administración pública y no en delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas?

La Misión estuvo encabezada por Edwin Walter Kemmerer, economista estadounidense y profesor de la Universidad de Princeton. Como asesor jurídico se designó a Esteban Jaramillo.

En un Estado social de derecho, el presidente debe abstenerse de esas maniobras intimidatorias contra las otras ramas del Poder Público. Él no puede creer que la voluntad del Estado es su voluntad individual.

Los jueces se ven abrumados por una superestructura de noticias falsas y acusaciones cruzadas que les afecta su habilidad para establecer los verdaderos responsables.

Si cada uno de nosotros recibiera 161.000 pesos mensuales, la RBU costaría 98,6 billones de pesos anuales.

Al amparo de estos desaciertos se dictaron cientos de sentencias condenatorias.

Estamos asumiendo que el único camino hacia negociaciones serias consiste en elevar el costo de la guerra para el agresor.

Falta más debate sobre cómo sería una prueba idónea para seleccionar buenos(as) jueces(zas) y cómo esa prueba podría contribuir a la necesaria diversificación de la rama.

Es necesario que nuestra fracasada política criminal entienda que las nuevas generaciones deben ser incluidas como elemento esencial para la reducción de la criminalidad.

La obra de Gargarella ha dinamizado la discusión constitucional y teórico-política en Iberoamérica quizá como ninguna otra en décadas recientes.

No es posible limitar este derecho, salvo que la expresión artística contraríe los límites propuestos por la Corte Constitucional en sus decisiones.

Mi manera de ser formalista está relacionada con reglas y principios jurídicos mínimos que inspiran el proceso de regulación y decisión.

La discusión actual sobre la libertad académica en EE UU puede ser útil para delimitar y precisar el contenido de este derecho en nuestro país y, sobre todo, para estar atentos a las formas y las estrategias en las que se interfiere en su ejercicio adecuado.

Con luces y sombras, es claro que el proyecto está encaminado a subsanar una finalidad urgente de descongestión y celeridad de la Rama Judicial.

Es imperativo aferrarse a la división de poderes, a los cauces institucionales propios del Estado constitucional y que las iniciativas legislativas se adelanten sin apartarse un ápice de lo que ordena la Constitución.

En mi tesis doctoral dediqué unas líneas para brindar algunas razones por las cuales concluía que la Fiscalía General de la Nación es el mayor ejemplo de antimeritocracia en Colombia.

Esa traducción es en agradecimiento a Peter, quien, sin saberlo, me dio la mano y me acompañó en un momento definitivo.

Es relevante verificar el cumplimiento, por parte de las instituciones educativas, de lo previsto en la referida Ley 1620 del 2013.

El nuevo año sugiere una coyuntura en materia ambiental, por la preponderancia que en su agenda le ha dado el Gobierno de Gustavo Petro.

Es censurable e inconveniente exigir concepto de la Contraloría General de la República sobre si con la conciliación se afecta o no el patrimonio público.

Esta forma de violencia ha estado invisibilizada, pese a sus devastadoras consecuencias y a que contribuye a reforzar y a perpetuar prejuicios y estereotipos en relación con la gestación y la maternidad.

Instamos a la Sala Especial de Instrucción a apegarse a los procedimientos de recolección estadística y buenas prácticas de su homóloga, la Sala Especial de Primera Instancia.

Se observa a un Gobierno ansioso y precipitado por obtener resultados prontos en su política de ‘paz total’, que, a la postre, pueden resultar contraproducentes.

El aspecto motivacional muestra que la violencia del extremismo de derecha tiene un hondo calado sicosocial y hasta puede tener una motivación política.

La nueva política pública del Gobierno en esta materia, como en todas, exige planeación, una ruta de acción progresiva y comunicación acertada.

¿Qué Estado es el ideal para resolver los tres renglones fundamentales de la sociedad: orden, derechos y economía?

El Mintrabajo está perdiendo su rumbo y, en su afán de sancionar, puede que esté enviando a sus inspectores a cometer delitos.

La decisión judicial es un vehículo de civilidad, pero no a cualquier costo.

Ni el daño especial ni el riesgo excepcional pueden ser fuentes de responsabilidad estatal por actos de terrorismo de la guerrilla.

Si bien celebramos que nuevamente se discuta esta jurisdicción, preocupa que otra vez vamos a procrastinar dicha demanda ciudadana.

Es evidente que algunas normas incluidas en la Ley 2277 del 2022 sí podrían desestimular las inversiones y/o donaciones hacia esta industria.

Una parte del pueblo, a través de un referéndum unilateral, no puede alterar el sistema vertical de distribución de competencias establecido constitucionalmente.

Lo sucedido con la estratificación socioeconómica ilustra cómo una política pública bien intencionada puede tener efectos contraproducentes.

La sociedad civil debe defender la independencia de la justicia y exigir que cesen los ataques en contra de ella.

La jurisprudencia puede centrarse en alcanzar un nirvana dogmático u optar por una pretensión más humilde, pero más importante: servir a la gente.

Más de 30 años hablando sobre lo que pudo ser y aún no ha sido convierten al Estatuto del Trabajo en un ser mitológico.

Es un buen momento para acrecentar la solidaridad, revisar la función de la pena, integrando las aspiraciones y fines de esa sociedad urbana y rural constituida por personas diversas.

El abogado no puede revelar actividad sospechosa de crímenes financieros pasados de sus clientes, ni de las armas financieras utilizadas para la comisión de tales delitos.

El plebiscito del 4 de septiembre no solo significó un rechazo explicativo y significativo hacia la propuesta surgida en la Convención Constitucional, sino que intensificó la idea que no de cualquier manera se puede hacer una Constitución.

El constituyente de 1991 no tenía ninguna necesidad de emplear el término “estatuto del trabajo” para referirse a la legislación del trabajo y cuando lo hizo pecó de esnobista, al trasplantar inorgánicamente una expresión contenida en la Constitución española de 1978.

Los cursos judiciales, bajo las claves de los procesos penales, no pueden suplantar los procesos de toma e implementación de decisiones dirigidas a la superación del conflicto armado y a la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación.

Los maltratos, vejámenes, tratos ofensivos, ultrajes a la dignidad, violaciones a la integridad personal, agresiones y discriminación siguen presentes en ambientes laborales.

Hay gestores de paz que pertenecen a las comunidades, personas comprometidas con la superación del conflicto armado, la búsqueda de la reconciliación, ejecutores y constructores de la política de paz.

Al Mundial de derechos de los animales, como en el de fútbol, no clasificamos pese a tener todos los elementos para una transformación.

En la práctica, erróneamente se considera que el único llamado a responder resulta siendo quien se beneficia de las utilidades del dinero entregado.

La idea del Ejecutivo es barrer con los actuales jueces para nombrar o elegir otros que sean anejos a su revolución.

Somos un país donde una coma mal puesta en una escritura pública entraba un negocio de cuya licitud ninguno de los negociantes duda.

El propio sector sindical tradicional considera que ha habido una afectación de la cultura sindical, a raíz de algunas prácticas indebidas generadas por diferentes fallos.

Que el Acuerdo de Escazú sea una oportunidad o una amenaza para el sector empresarial está hoy enteramente en sus manos.

Lo que no debe legitimarse es este segmento concreto donde las víctimas se pueden terminar transformando en las tiranas del proceso y negociando en las sombras.

La discusión sobre la materia deberá involucrar distintos actores claves que se enfoquen en garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva sin desconocer los principios bioéticos.

Toca pulverizar –de una vez por todas– la maléfica estructura de poder incubada en la Administración de Justicia desde el antiguo régimen constitucional de 1886.

Es urgente crear un aparato productivo sólido que nos permita producir para satisfacer nuestra demanda y, además, la demanda externa.

En materia arbitral, el control de legalidad permite adoptar las medidas necesarias en orden a encauzar el trámite frente a posibles defectos.

Al valor del salario mínimo que resulte, hay que sumarle un porcentaje del orden del 53 % por prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales.

Este instrumento es una gran oportunidad para crear estrategias normativas y de política pública para atender adecuadamente sus cuatro temáticas principales.

¿El cumplimiento del deber constitucional de mantener y conservar la paz es razón para eximir del servicio militar? En mi opinión, no, por tratarse de deberes constitucionales diferentes y autónomos.

Puede que el divorcio no genere toda esa picaresca que en el pasado causó, pero eso no significa que su regulación sea inconsecuente para la protección de los derechos de las mujeres.

El avance en la comunicación y la estructuración del diálogo nos permiten mejores posibilidades de existencia y convivencia, uno de los principales objetivos de toda Carta.

Según cifras de la Policía, en el 2021, se presentaron 687 casos diarios de hurto. Esta cifra, claro está, no incluye el número de casos que nunca llegaron a las instituciones, porque las víctimas no denunciaron.

Mientras no se revalúe ese sincretismo del diseño constitucional del sistema de control fiscal, será muy difícil lograr la efectividad de los mecanismos de responsabilidad.

La voluntad, la facultad del ser humano para decidir y ordenar en libertad su conducta, ejercida de manera participativa o representativa, es la filosofía que guía nuestros Códigos Civiles.

El Estado dispone de cierta discrecionalidad y de un margen de apreciación nueva de hechos e intereses.

El país está a merced de interpretaciones jurisprudenciales para establecer qué es un bien baldío.

Este gesto de la Corte Constitucional colombiana no ha sido solitario. Se trata de un esfuerzo más general por lograr una ‘justicia inclusiva’.

El Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional nos deben una explicación y sería bueno que hicieran un análisis conjunto al respecto.

La Corte Constitucional emitió órdenes y exhortó a distintas entidades públicas, para dar cumplimiento a los términos del fallo y efectuar las políticas y los planes de acción allí dispuestos.

La tarea ahora es la “armonización” entre las normas internas, su ajuste para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento de principios constitucionales como la seguridad jurídica.

No se reconoce la realidad indígena de las áreas no municipalizadas, evidenciándose con esto el trato colonial existente en la sociedad y la institucionalidad colombiana.

Las palabras confieren poder, pueden estructurarlo y perpetuarlo. Empero, también pueden subvertir el poder que invisibiliza vivencias, experiencias y saberes.

El trabajo es el motor de una sociedad próspera y uno de los mecanismos más fuertes para disminuir las brechas sociales que tanto daño nos hacen.

La producción de libros especializados ha sido uno de los principales legados de la compañía en estos 70 años de crecimiento.

Este tipo de violencia de género se encuentra naturalizada y normalizada, razón por la cual se torna invisible y termina siendo frecuente.

La regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado, es decir, correcto, riguroso o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.

¿Por qué no extirpar el mal de raíz y sancionar de manera drástica a estos jueces violadores de los derechos humanos de los más vulnerables?

El tiempo para contabilizar la duración de la sociedad patrimonial de hecho se cuenta a partir de la disolución de la sociedad conyugal anterior.

Aunque esta figura se considera un arma más para luchar contra prácticas corruptas, pretender aplicarla sin entender sus características e implicaciones puede resultar contraproducente.

Todo el sistema de registros prediales del país, incluyendo los registros catastrales y de propiedad, tiene profundas dificultades en materia de seguridad jurídica.

Las ideas que defiendo como socialdemócrata no se inspiran en el acontecer político de nuestro país, pues acá estamos acéfalos intelectualmente y en poder de la corrupción.