Impacto de la nueva reforma tributaria en el sector audiovisual colombiano
11 de Enero de 2023
Patricia Renjifo
Socia de Ecija Colombia
Aunque en su primera versión la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro quiso derogar de un tajo los incentivos al sector audiovisual en Colombia, lo aprobado finalmente por el Congreso de la República dejó a salvo dichos beneficios, creados por la Ley de Cine (L. 814/03) y por la Ley de Filmaciones (L. 1556/12), esta última modificada por el Plan Nacional de Desarrollo (L. 1955/19). No obstante, la reforma tributaria del actual Gobierno aprobó normas que, en el mediano plazo, sí podrían afectar a las empresas nacionales y extranjeras de distintos sectores económicos que quieran invertir en cine o en producciones audiovisuales en Colombia.
En este sentido, cabe preguntarse qué tanto amenaza este nuevo marco fiscal la seguridad jurídica y la viabilidad financiera de una de las industrias culturales que mayor crecimiento ha tenido en los últimos 20 años.
Desde que la Ley General de Cultura (L. 397/97) hizo posible la creación de Proimágenes, una entidad civil de naturaleza mixta que promueve el sector cinematográfico colombiano, se logró la aprobación de la Ley del Cine, cuyo artículo 16 (modificado por la Ley 1607 del 2012) estableció una deducción en su impuesto de renta del 165 % del valor real invertido o donado, y de la Ley de Filmaciones, que creó, de un lado, la contraprestación del Fondo Fílmico Colombia, que permite el reintegro del 40 % de los gastos en servicios audiovisuales y del 20 % de los gastos de servicios logísticos prestados por empresas colombianas o personas naturales de nacionalidad colombiana y con domicilio en el país, y, del otro, el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), transable en el mercado de valores por el 35 % del valor de la inversión en gastos de servicios audiovisuales y logísticos, también prestados por empresas o personas naturales de nacionalidad colombiana domiciliadas en el país.
Gracias a estos instrumentos normativos, Colombia pasó de estrenar cuatro películas al año, entre 1997 y el 2003, a estrenar en salas cerca de 450 largometrajes nacionales y 1.000 cortometrajes, entre el 2004 y el 2022, una cifra sin precedentes en el país.
Así mismo, con la llegada de 30 empresas extranjeras que ven a Colombia como un gran destino para el rodaje y la posproducción a nivel iberoamericano, se han aprobado 58 proyectos audiovisuales con una inversión comprometida de 1,3 billones de pesos. Estos proyectos han vinculado a 28.000 personas en roles tanto artísticos como técnicos, posicionando a empresas y talento colombiano en el mapa internacional de producción de contenidos audiovisuales.
En el ámbito local, más de 70 municipios de 12 departamentos han servido como locaciones para distintas producciones, lo que ha generado, además, un impacto turístico positivo. Películas premiadas internacionalmente como El abrazo de la serpiente, El olvido que seremos y Monos, entre muchas otras, se han podido producir mediante estos esquemas de financiamiento al cine.
Las consecuencias de las recientes modificaciones
Con las modificaciones al marco jurídico tributario se evidencian cambios que, de forma indirecta, posiblemente afectarán el funcionamiento de los incentivos y beneficios tributarios aplicables al sector audiovisual.
En el parágrafo 6º del artículo 10 de la reforma tributaria, por ejemplo, se aprobó una tasa mínima de tributación en el impuesto de renta que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Según la norma, esta tasa mínima se denomina tasa de tributación depurada (TTD) y no podrá ser inferior al 15 %, pero, en caso de que lo sea, deberá ajustarse para alcanzar dicha tasa. Lo anterior significa que el objetivo de la reforma tributaria es que las empresas paguen renta sobre, al menos, el 15 % de su utilidad comercial.
Así las cosas, si una productora colombiana que paga renta y tiene residencia fiscal en el país decidiera comprarle un CINA a una productora extranjera para ganarse un descuento y aplicarlo en su declaración, podría ver afectada su tasa efectiva de tributación con la nueva reforma tributaria. En la práctica, la adquisición de los CINA podría no ser tan atractiva desde el punto de vista de la nueva TTD, debido a que las productoras colombianas tendrían que liquidar un impuesto a cargo del 15 % respecto de su utilidad comercial. Por su parte, las compañías extranjeras no verán tan llamativo invertir en los CINA, en la medida en que tendrán que conceder mayores tasas de descuento al negociarlos a fin de atraer a las empresas que pueden aplicarlos.
Deducciones
Otro ejemplo de cómo las normas de la recién aprobada reforma podrían impactar al sector audiovisual se desprende del análisis de la deducción especial del 165 % por inversión o donación contenida en la Ley de Cine, pues, en el caso de que la TTD resulte inferior al 15 %, también deberá ajustarse a dicha tasa, lo que generaría un mayor impacto fiscal y un desincentivo para los potenciales donantes o inversionistas.
Por último, llama la atención en el texto aprobado de la reforma (art. 48) que, a partir del 1º de enero del 2024, se aplicará una retención en la fuente del 10 % a las personas o compañías no residentes en Colombia que vendan y/o presten ciertos servicios digitales a personas ubicadas en el país. Lo anterior, con base en el concepto de presencia económica significativa (PES). En caso de que tales personas o empresas decidieran presentar declaración por dicho concepto, la tarifa que se aplicaría sobre los ingresos brutos sería del 3 %. No obstante, la norma sería aplicable a plataformas digitales como Amazon o Netflix, que, eventualmente, podrían trasladar estos costos al consumidor final, con lo cual se encarecería la prestación de sus servicios en Colombia. El concepto de PES no ha estado exento de debate, pues se le considera una medida unilateral que podría ir en contravía de normas aplicables en el ámbito internacional en materia de economía digital.
Lo que viene
El futuro de los incentivos al sector audiovisual colombiano está atado a la carga fiscal de las personas y empresas que lo financian, y que están sujetas a la reforma tributaria que entró en vigencia. Más allá de que el Gobierno Nacional haya echado para atrás su decisión inicial de acabar el régimen jurídico de incentivos a la producción audiovisual, es evidente que algunas normas incluidas en la reforma sí podrían desestimular las inversiones y/o donaciones hacia dicho sector, sin perjuicio de los efectos que puedan tener variables macroeconómicas como la tasa de cambio, el crecimiento del producto interno bruto o la inflación.
Por otra parte, se espera que, una vez se expida la reglamentación de la reforma, haya más luces sobre el verdadero impacto que tendrá el nuevo marco fiscal en el comportamiento de las personas jurídicas o naturales, extranjeras y nacionales que financian la dinámica del gremio audiovisual.
Los avances del cine y de la producción audiovisual en Colombia durante los últimos 20 años son innegables y muestran cifras e indicadores muy positivos. En cuanto al marco jurídico y de incentivos aplicables a este sector, Colombia sigue siendo un referente regional, algo que confirma el reciente interés de Panamá y Ecuador por expedir leyes de estímulos en la materia con base en los incentivos de la normativa colombiana.
Con un marco jurídico que impulse los incentivos y un ambiente favorable y abierto a recibir la inversión extranjera, se podrá seguir construyendo una industria audiovisual sólida en Colombia, capaz de fomentar y fortalecer la cultura, el arte y el entretenimiento en el territorio nacional; que responda, por un lado, a los lineamientos constitucionales propios de un Estado social de derecho y, por el otro, a las dinámicas internacionales de la industria audiovisual que hagan de nuestro país un destino atractivo de inversión.
Lo cosechado hasta aquí ha ensanchado los horizontes del cine nacional, llevándolo a elevar los estándares de calidad, profesionalismo e institucionalidad que le han valido importantes reconocimientos internacionales, sin olvidar que también es fuente de empleo y de inversión extranjera directa e indirecta en distintos renglones económicos. Mantener este impulso debe ser un propósito común a todos los agentes de la industria.
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