La gestación subrogada es una práctica clasista

Natalia Rueda

Docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia

En el debate sobre la gestación subrogada mucho se dice respecto de la tendencia global en la práctica transnacional, en relación con que la mayoría de las personas comitentes provienen de países desarrollados; mientras que la mayoría de las mujeres gestantes proviene de países pobres. Esta tendencia no es casual y, por el contrario, confirma que a este mercado reproductivo subyace una desigualdad estructural relacionada con la pobreza. Esto ya bastaría para considerarla como una práctica excluyente, en la que el supuesto altruismo cede a la valoración del mejor postor.

Esta desigualdad estructural está presente en las mismas técnicas de reproducción humana asistida, pues por la donación de óvulos se pagan compensaciones que pretenden justamente compensar las “molestias” del proceso. Dichas “molestias” prevén un proceso de estimulación ovárica, para que la donación sea de varios óvulos a la vez. Esto se logra por la aplicación de inyecciones subcutáneas diarias durante más de una semana y hasta por 14 días. Para la extracción, se requiere de un procedimiento quirúrgico dirigido a aspirar los óvulos de los ovarios. Por tanto, esto requiere sedación o anestesia. Todo ello comporta riesgos y produce secuelas que pueden desaparecer luego de algunas semanas. Sin embargo, no se trata de simples “molestias” y convendría preguntarse qué hace que una mujer esté dispuesta a someterse a esto, pues la respuesta no está en el simple altruismo. Valga la pena anotar que los efectos a largo plazo de la ovodonación aún no han sido estudiados con suficiencia por la ciencia, con lo cual existe una brecha de información importante.

Ahora bien, para justificar la necesidad de regular la gestación subrogada normalmente se aduce el argumento de que mediante ella se satisface el deseo de convertirse en madre o padre y, en no pocas ocasiones, se expresa como una manifestación de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, esta interpretación es discutible, pues en el ordenamiento jurídico colombiano no existe un derecho subjetivo que sea oponible a terceros y exigible al Estado en ese sentido.

En este contexto procedería mejor hablar de deseos reproductivos, que no por ello son menos relevantes o dignos de protección. Por ejemplo, el Estado podría fortalecer los programas de salud reproductiva con miras a garantizar su accesibilidad; o podría mejorar las condiciones de vida y laborales de las mujeres, para que no deban esperar una edad para intentar convertirse en madres en la que es más probable que se tengan problemas reproductivos, pues la conciliación trabajo-maternidad es solo una ilusión. Sin embargo, esto no necesariamente implica que el Estado tenga la obligación de garantizar a todas las personas el cumplimiento de dicho deseo reproductivo. No es gratuito que los intentos de regulación de la gestación subrogada no hayan previsto, por ejemplo, un subsidio para las personas pobres que no pueden pagar los tratamientos de fertilidad necesarios para adelantar la práctica, aunque tengan el mismo deseo impelente de ser padres. De esta manera, es posible ver otra faceta clasista de esta práctica, quienes abogan por su legalización pretenden el fortalecimiento de un multimillonario mercado y no la universalización del derecho a la paternidad.

Un tercer aspecto que ratifica el carácter clasista de esta práctica tiene que ver con que los intentos de regulación no han previsto un fortalecimiento del programa nacional de adopciones o una reforma tendiente a facilitar el proceso. Esto está fuertemente relacionado con la necesidad de constituir la maternidad y la paternidad como un vínculo genético, cuyo logro puede pasar, incluso, por prácticas que se podrían definir como eugenésicas, pues de las donantes y de las gestantes se pretenden características genéticas precisas. No obstante, no existe el más mínimo obstáculo para negar la condición de madre biológica de la mujer que gesta. Estos giros argumentativos y las falacias que subyacen son, por decir lo menos, hipócritas.

Considerando que la práctica, según los medios, cuesta entre 4.000 y 10.000 dólares (al menos 18 salarios mínimos legales mensuales) y que, para el 2021, el 39,3 % de la población en Colombia recibía menos de 360.000 pesos mensuales y el 12,2 % menos de 170.000 pesos mensuales, no es difícil ver en qué lado del contrato de gestación subrogada pueden quedar las mujeres colombianas.