La guerra contra Ucrania, el derecho internacional y Occidente

Matthias Herdegen

Director de los institutos de Derecho Público y de Derecho Internacional de la Universidad de Bonn (Alemania)

La guerra contra Ucrania sigue provocando decisiones de alta gravedad por parte de los países de Occidente. El apoyo a Ucrania, víctima de la agresión rusa, se mueve en un corredor determinado por las reglas del derecho internacional, por un lado, y la oportunidad política, con una ponderación delicada de riesgos, por otro lado.  

Esta vez, la causa de agudas controversias, sobre todo, en Alemania, es el suministro de un potente tipo de tanques a Ucrania. El proceso político y el debate público saltaron de la “Marta” al “Puma” y ahora se enfocan en el emblemático y todoterreno tanque de combate “Leopard 2”, símbolo de alta tecnología en el arsenal militar de la Otán. Al cabo de un intenso debate, Alemania y sus aliados, incluso EE UU, decidieron entregar este tanque y su equivalente norteamericano a Ucrania. A pesar de su significado militar y gran valor simbólico, el suministro de este tipo de armas pesadas no representa, como tal, que los países donantes asuman participación directa en la guerra, como partes del conflicto armado. Lo mismo equivale para la contratación de técnicos civiles norteamericanos por parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Diferente sería si soldados de países miembros de la Otán enfrentaran con sus armas a las fuerzas rusas. Por el momento, ningún país contempla seriamente la entrega de aviones o barcos de guerra. También se entiende que las armas suministradas se usarán únicamente en territorio ucraniano (sea para defenderlo o para recuperarlo), con el fin evitar una escalación del conflicto. 

Las reglas tradicionales de la neutralidad, que emergieron desde antes de la Primera Guerra Mundial, se hubieran opuesto al suministro de ropa, cascos o armas a una zona de guerra. Pero la lógica de la Carta de la ONU, con el sistema de seguridad colectiva, se fundamenta en el ostracismo de la agresión y el apoyo a la víctima de un asalto por parte otros Estados miembros, preferiblemente bajo la dirección del Consejo de Seguridad. Si este órgano se encuentra bloqueado porque el agresor es un miembro permanente, con derecho a veto, otros Estados pueden optar entre la intervención militar directa o el solo suministro de armas. 

Por ende, claudicar frente a la entrega de tanques de combate no resulta de objeciones jurídicas, sino de temores políticos. Se teme que el régimen del Kremlin intensifique o prolongue más aún la guerra. Es bien sabido que este régimen es totalmente indiferente a lo que permita o prohíba el derecho internacional.    

En el campo de guerra se evidencia una masiva asimetría en la observancia y aplicación del derecho internacional humanitario (DIH), que protege a la población civil y a los prisioneros de guerra de forma categórica, es decir, prohibiendo a la otra parte víctima de violaciones responder con represalias. En particular, Rusia, en sus ataques sistemáticos contra civiles y maltrato a prisioneros de guerra, manifiesta una postura de aniquilación sin límites humanitarios, abdicando los más elementales estándares del DIH.

A pesar de todo esto, en ciertos medios europeos surgen posturas bastante extravagantes:  afirman que Ucrania, bajo el derecho internacional, tiene una obligación y una responsabilidad ética de buscar negociaciones con Rusia para minimizar el número de víctimas. Más aún, se sostiene que Ucrania no puede intentar recuperar Crimea, porque Rusia logró bajo su ocupación “pacificar” esta península. Reclamos que ignoran completamente que una anexión territorial armada es una acción ilegal y, por ende, inválida, nula. Con una mayoría abrumadora, la Asamblea General de la ONU insistió, en varias resoluciones (2014 y 2022), que otros Estados tienen el deber de rechazar la anexión rusa de territorios de Ucrania, sea Crimea o sea en el Este de Ucrania, dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente.  

Afortunadamente, en la Otán está tomando fuerza otro mensaje. Estamos asumiendo que el único camino hacia negociaciones serias consiste en elevar el costo de la guerra para el agresor, a tal punto que sentarse a la mesa de negociación le parezca más atractivo que la guerra continuada. EE UU y Francia ya no excluyen categóricamente el suministro de aviones de combate, mientras el gobierno alemán ve ahí una línea roja. Se vislumbran, así, perspectivas frente a amenazas incalculables por parte de un imperio que se despidió de la normativa internacional.