¿Vuelve y juega?
Maximiliano A. Aramburo C.
Abogado y profesor universitario
Miremos estos hechos: (i) el 30 de marzo del 2022 el Consejo Superior de la Judicatura publicó las dos listas de elegibles para llenar las vacantes que dejaron ese mes en la Corte Suprema, por vencimiento de sus periodos, Álvaro Fernando García, en la Sala Civil, y Patricia Salazar, en la Penal. (ii) Desde finales de junio, se incluyó en el orden del día de la Sala Plena de la Corte la elección de los reemplazos. (iii) También hubo de llenarse la vacante que dejó Clara Cecilia Dueñas, en la Sala Laboral (punto que aparecía en el orden del día de la Sala Plena desde noviembre del 2021 y cuya lista de candidatos existía desde agosto de ese año): solo el 20 de octubre del 2022 se anunció el nombramiento de Marjorie Zúñiga como nueva magistrada. (iv) Tras el fallecimiento, en enero del 2022, de Jorge Luis Quiroz, de la Sala Laboral, el Consejo publicó la lista de elegibles el 28 de septiembre de ese año, pero la elección correspondiente solo apareció en el orden del día del 23 de febrero del 2023. (v) Finalmente, a comienzos de marzo del 2023, se publicó la lista de preseleccionados de la que saldrán los 10 elegibles para llenar la vacante de José Francisco Acuña, en la Sala Penal. Hoy son tres y pronto serán cuatro las vacantes que deberá llenar la Corte.
Esta situación recuerda tres antecedentes recientes: primero, la elección en bloque de siete magistrados en marzo del 2020, que suscitó un proceso ante el Consejo de Estado que se falló hace pocos meses, tras la situación de parálisis que se produjo y que solo se destrabó cuando se venció el periodo de uno de los magistrados que participaba en la elección. Segundo, recuerda la situación del 2016: fueron elegidos siete magistrados, también en bloque, para cargos que llegaron a estar vacantes hasta 19 meses, porque los periodos se fueron venciendo y las elecciones acumulando sin que la Corte se pusiera de acuerdo en los reemplazos. Y tercero, recuerda la situación del 2010, ya no con siete plazas, sino con cinco, más la elección del Fiscal General, para la que hubo hasta tres ternas diferentes. En la situación actual, la elección de Fiscal todavía da espera hasta enero del 2024 (cuando posiblemente se acumule con el nombramiento de los magistrados que reemplacen a quienes terminan su periodo en abril de ese año), pero la carrera por ese poderoso cargo ya comenzó y nadie puede negar que las cartas para ganar se barajan no solo en el tablero de los candidatos, sino también en el de (la elección de) los electores.
Ha pasado un año, pues, desde que la Corte Suprema puede elegir dos de sus vacantes, ya se sumó una tercera y pronto se sumará una cuarta: es inevitable que comiencen a circular hipótesis y rumores sobre dónde está la manzana de la discordia. Aunque los nombramientos pendientes son importantes, casi nunca son urgentes y ese podría ser el pretexto para decir que no hay prisa y que las elecciones toman su tiempo. Pero lo que revela la repetida situación en el 2010, en el 2016, en el 2020 (¿y en 2023?) es que hay incentivos que juegan un papel negativo, que no solo reclama un estudio por parte de las llamadas ciencias del comportamiento, sino, además, ajustes institucionales para que el único criterio que incida en los nombramientos sea el de calidad y transparencia en las funciones que debe desempeñar la alta corporación: la Corte Suprema de Justicia, que alguna vez fue de oro, no merece menos que eso.
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