Exigir una justicia independiente

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

La independencia de la justicia es esencial para la democracia, pero falta conciencia ciudadana sobre la necesidad de exigir jueces independientes e imparciales en nuestros países. Esto ha sido aprovechado por gobernantes de distintas ideologías a lo largo y ancho de América Latina, para disminuir la confianza en la justicia, hostigar y perseguir jueces y fiscales e intentar cooptar el sistema judicial.

Así, hemos visto a un presidente usar su programa de televisión para criticar jueces que han declarado inconstitucionales sus políticas, y a otro utilizar sus mayorías en el parlamento para “depurar” jueces constitucionales y lograr que se nombraran solo magistrados de su agrado. También vimos a un mandatario nombrar a un fiscal de bolsillo que, entre otras cosas, se dedicó a criminalizar a jueces independientes que juzgaron graves violaciones de derechos humanos. Comprobamos en vivo y en directo que un presidente recién elegido le pidió al fiscal general que dejara en libertad a varias personas, porque, en su opinión, eran inocentes, y también que otro anunció en televisión la reorganización del sistema de justicia luego de ordenar el cierre del Congreso. Estas historias pasaron en Colombia, El Salvador, Guatemala, México y Perú, y seguramente podríamos reseñar más.

Todas estas acciones deslegitiman el sistema de justicia y socavan la independencia judicial. La situación se agrava si los presidentes y políticos que lo hacen gozan de popularidad y fustigan a los jueces con sus megáfonos mediáticos, así como si logran cooptar el poder judicial. En la gran mayoría de los casos, luego de estos ataques, los jueces quedan a merced del linchamiento público y sin muchas herramientas para explicar de manera amplia y sencilla los fundamentos de sus decisiones e, incluso, para decir que proceden recursos en contra de ellas. Y si ha habido cooptación de las altas esferas de la justicia, los jueces y los fiscales de instancia se enfrentan, además, al fuego interno.

Es una pelea desigual. Y en esa batalla gana el populismo, la demagogia, el caudillismo y el excesivo presidencialismo que no quiere controles. Y en ella perdemos todos como sociedad, pues se va resquebrajando poco a poco, o de sopetón, la independencia judicial y el Estado de derecho.

Por eso, la sociedad civil debe defender la independencia de la justicia y exigir que cesen los ataques en contra de ella a pesar de que algunas sentencias no nos gusten o las creamos equivocadas. No se trata de eliminar la crítica o la veeduría ciudadana a la justicia, sino de comprender que debemos velar por su independencia, pues son los jueces quienes protegen nuestros derechos, individuales y colectivos, frente a la arbitrariedad, la inconstitucionalidad y la ilegalidad de las acciones de los gobernantes.

Al mismo tiempo, debemos exigir que la justicia sea internamente independiente, lo que implica prevenir y combatir la corrupción en su interior, evitar el clientelismo, nombrar jueces con criterios meritocráticos y objetivos, gastar los recursos de forma proba, y que los funcionarios judiciales tomen decisiones basados en la evidencia y el Derecho y no en motivos espurios. También debemos solicitar que el poder judicial mejore su estrategia de comunicación y que realice acciones decididas para aumentar la confianza ciudadana en la justicia.

En últimas, lo que necesitamos es comprometernos con el Estado de derecho y la democracia como sociedad, y no solo con los gobernantes de turno, aunque hayamos votado por ellos.