El artículo 28 de la Ley 1123 del 2007 obliga a todos los profesionales del Derecho a tener un domicilio conocido, registrado y actualizado, so pena de ser sancionados.
Este proyecto de la Fiscalía busca modificar el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Se crearía el delito de manipulación fraudulenta de reparto y actuaciones procesales, y se modificará la omisión de denuncia de particular y el de...
No se puede establecer como regla general que el término de caducidad se compute a partir del día siguiente de la notificación del acto de ejecución de la sanción, advierte un fallo.
Se trata de tres fallos relacionados con las elecciones de contralores municipales y directores generales de las corporaciones autónomas regionales, así como de las deudas reconocidas a las instituciones prestadoras de servicios de salud.
La Corte Constitucional se abstuvo de pronunciarse sobre la homologación de la orden de decomiso extranjera por ser un trámite no establecido en la Ley 793 del 2002 y ajeno a su competencia.
Según la Corte Constitucional, los acuerdos son un mecanismo jurídico que debe permitir el acceso a la administración de justicia, verdad, reparación y no repetición, y también proteger el debido proceso.
Según una demanda, existe entre las disposiciones que regulan esta figura de la legislación civil y el artículo 180, numeral 6°, del CPACA una discriminación injustificada, sin que se vislumbre un fin constitucionalmente legítimo que justifique tal diferencia.
La entidad advierte que las características inherentes al texto deben ser anunciadas a los consumidores, para que su decisión de compra se base en información completa.
El funcionario no tuvo en cuenta el Acuerdo PSAA06-3560 del 2006, que adecuó y modificó los requisitos para los cargos de empleados de tribunales, juzgados y centros de servicios.
El ejercicio concomitante de concejal y apoderado en un proceso contra el municipio constituye una falta disciplinaria, de acuerdo con la Ley 734 del 2002.
Frente a la iniciativa, Werner Zitzmann, Director Ejecutivo de la Ami, manifestó que resulta un contrasentido que el gobierno de la “economía naranja” presente un articulado contra la lectura, la educación, la prensa y los medios de información.
El Consejo de Estado explicó el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 del 2011, que dispone la procedencia de este recurso cuando exista nulidad originada en la sentencia.
Se atacaba el parágrafo del artículo 116-A de la Ley 599 del 2000 (Código Penal), adicionado por la Ley 1773 del 2016, sobre la duración mínima de la pena de lesiones con ácidos.
La exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados está reglada de manera especial en materia tributaria, sostiene uno de los apartes del fallo de la Sección Cuarta.
El despacho del consejero William Hernández admitió la solicitud de la Procuraduría General para que esta polémica convocatoria sea objeto de pronunciamiento definitivo por parte de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
La Corte Constitucional respaldó el numeral 4º y el parágrafo 1° del artículo 38 del Código Disciplinario Único. El ahora senador Gustavo Petro denunció que se está cambiado la jurisprudencia para abrir el camino de su inhabilidad política.
El togado incumplió el numeral 1° del artículo 26 del Acuerdo 1518 del 2002, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, así como el artículo 153 de la Ley 270 de 1996.
La estructura dogmática del concurso de conductas punibles no responde a la idea de delitos principales y subsidiarios en virtud de la intención del acusador, sino al principio de unidad de acción.
La Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió el caso del expresentante Wilson Arias, quien trabajaba en el Sena y solicitó licencia no remunerada para inscribirse como candidato.
El ministerio advierte sobre una red dedicada a promover incapacidades. Según cifras de la entidad, en el año 2016 se registraron 26 millones de días de incapacidad en Colombia.
Una providencia reciente del Consejo Superior de la Judicatura confirma la sanción disciplinaria a dos jueces que incurrieron, junto con los funcionarios de sus despachos y abogados defensores, en este hecho delictivo.
Según el Ejecutivo, con el objetivo de facilitar la logística de las operaciones de comercio exterior, se preparan disposiciones para la precisa aplicación del Régimen de Aduanas y de Comercio Exterior.
Si la intención del legislador era sancionar la inactividad de las partes, explica el demandante, debe optar por otras medidas como las sanciones pecuniarias, disciplinarias o procesales, no con efectos directos sobre el derecho sustancial.
La corporación estudió el grupo de personas naturales contenido en el numeral 3° del artículo 2° del Decreto 3032 del 2013, reglamentario del artículo 329 del Estatuto Tributario.
La norma suspendida establece que si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo la entidad debe declarar desierto el proceso de contratación.
La Superfinanciera informó los valores reajustados con base en el índice anual promedio de precios para empleados suministrado por el Dane y realizó algunas precisiones sobre el tema.
Este año estuvo marcado por la divulgación de un vasto paquete normativo, la convocatoria a un referendo y las reformas laboral, pensional y tributaria, entre otros grandes cambios jurídicos.
Las controversias originadas por clausulas establecidas en los contratos de prestación de servicios, aun cuando se involucre el resarcimiento de perjuicios, son de su competencia.
Iniciamos la cuenta regresiva para celebrar los 20 años de ÁMBITO JURÍDICO, el medio especializado más leído del país. Recordaremos, año por año, los hechos jurídicos más relevantes de Colombia reportados en nuestra publicación.
Varios artículos del Decreto 1736 del 2012, a través del cual, supuestamente, el Gobierno corregía algunos yerros incorporados en el CGP desaparecen del ordenamiento.
En esta oportunidad, la Corte Constitucional advirtió que la práctica jurídica realizada en universidades debe ser reconocida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados.
La Corte Constitucional indicó que el principio de continuidad en la prestación de servicios de salud responde no solo a la necesidad de los usuarios de recibirlos, sino también a los postulados de buena fe y de confianza legítima.
La falta de debida diligencia es un comportamiento por naturaleza culposo, por cuanto se omite el deber de cuidado inherente a los profesionales del Derecho cuando asumen un compromiso profesional.
A propósito de la controversia por la aplicación de la prueba del polígrafo a algunos empleados de la empresa EPM, recordamos su aplicabilidad en materia laboral y penal.
Evaluar la veracidad y suficiencia de la información que determina una compra siempre será un aspecto de suma relevancia a la hora de proteger los derechos del consumidor, indicó la SIC.
La plenaria el Senado estudiará, en segundo debate, el proyecto de ley que modificaría y adicionaría algunos artículos de la Ley 599 del 2000 y la Ley 906 del 2004.
En este caso se incurrió en la falta prevista en el artículo 39 de la Ley 1123 del 2007, en concordancia con el numeral 4° del artículo 29 de la misma norma, a título de dolo.
La Corte Constitucional explicó el entendimiento que debe tener el artículo 309, numeral 1°, del Código General del Proceso, relativo a los efectos de la sentencia reinvidicatoria frente a terceros poseedores.
Así lo recordó recientemente la Sala de Consulta y Servicio Civil del el Consejo de Estado. La CNSC solicitó esta semana sentencia de unificación sobre la Convocatoria 428.
El disciplinado aportó una valoración de invalidez que no había sido practicada dentro de una solicitud administrativa de reconocimiento de pensión, así como en la respectiva demanda ordinaria.
La Sección Cuarta recordó los criterios para determinar si una actividad se encuentra gravada con este tributo y, en caso afirmativo, qué elementos conforman su base gravable.
Se trata del artículo 235-2 de este estatuto, adicionado por la Reforma Tributaria del 2016. Conozca las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional.
De superar el trámite legislativo, la iniciativa acabaría con el debate en torno a la competencia de alcaldes e inspectores de policía para realizar diligencias jurisdiccionales por comisión.
Un oficio de la Dian afirma que el ingreso por concepto de bonificación y/o indemnización de retiro programado se clasifica dentro de las cédulas de rentas de trabajo.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó que los contribuyentes pueden llevar como costo fiscal el autoavalúo o el avalúo formado o actualizado.
Tratándose de entidades territoriales no se vulnera el principio de imparcialidad por el hecho de que un mismo funcionario liquide el tributo y resuelva el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto liquidatorio.
ÁMBITO JURÍDICO presenta los 47 puntos de esta importante decisión para la aplicación efectiva de la justicia transicional. Fueron 162 los artículos revisados por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó la naturaleza jurídica de las cotizaciones a pensiones y los retiros de los aportes o rendimientos, y en qué eventos mantienen la condición de rentas exentas.
Tenga en cuenta que por “comunicar” debe entenderse manifestar o hacer saber a alguien algo. También recordamos una importante jurisprudencia constitucional sobre esta misma materia.
Un juez español ordenó a un vecino conflictivo cesar sus comportamientos nocivos y molestos y lo privó de usar su casa por tres años. ¿Es posible esto en Colombia?
La Sección Tercera del Consejo de Estado explica los eventos en los cuales un contratista quebranta la buena fe y no tiene derecho a solicitar indemnizaciones.
La corporación tenía una interpretación que varió a través de este auto, la cual precisaba que la vocación de prosperidad de la excepción no se genera cuando la demanda se interpone, sino cuando esta ha sido admitida.
Solo fue retirado del ordenamiento jurídico el artículo 78 del Decreto Ley 902 del 2017. Los condicionamientos precisan algunos puntos para garantizar a las comunidades étnicas su participación en los procesos de formalización.
Así lo manifestó la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo previsto en el numeral 2º del artículo 11 de la Ley 1480 del 2011 (Estatuto del Consumidor).
Así lo indicó una reciente demanda admitida en la Corte Constitucional, con la cual se pretende la constitucionalidad condicionada de la norma adicionando el concepto de BEPS.
La ley fortalece las normas y los mecanismos para enfrentar la delincuencia organizada y establece un procedimiento especial para que los grupos armados se sometan a la justicia.
Según el Consejo de Estado, la sanción por no enviar información no vulnera el principio de non bis in ídem, que proscribe que un hecho sea sancionado más de una vez.
Si un usuario se niega a independizar sus acometidas, a pesar de existir justificación, debe entenderse que existe una omisión que impide la medición individual, y en tal evento se justifica la suspensión o terminación del contrato.
Se entienden por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido pueda generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, sexual, entre otros.