El amparo por vía de tutela se concede de forma transitoria, mientras el juez natural decide a quién designa como responsable del cobro de las mesadas pensionales.
Si entre la fecha de estructuración y la calificación se conservan las capacidades funcionales y productivas, es posible seguir haciendo aportes al sistema de seguridad social.
Para tener ese derecho, es necesario que el empleador haya establecido una jornada laboral de 48 horas semanales, sin que interese si efectivamente se laboran o no.
La prestación no se puede negar, aunque el reclamante cuente con la ayuda de otros familiares o ejerza una actividad de la que obtenga recursos complementarios.
El Ejecutivo debe consultar a los pueblos interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
El seguro por muerte de los empleados oficiales en servicio equivale a 24 mensualidades del último salario devengado, cuando fallecen en un accidente de trabajo.
Tratándose de personas de la tercera edad, la tutela se convierte en un mecanismo principal de protección, cuando se acredita la afectación del mínimo vital u otros derechos constitucionales.
La entidad recordó que el acoso puede darse bajo las modalidades de maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y desprotección laboral.
La Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento, advirtió que las solicitudes de libertad por vencimiento de términos se pueden tramitar mediante hábeas corpus.
Los trabajadores en misión deben recibir un salario ordinario equivalente al de los trabajadores de la empresa usuaria que desempeñen la misma actividad.
De manera previa a las votaciones, el acuerdo final para la terminación del conflicto armado deberá ser publicado y difundido para conocimiento de los ciudadanos.
Las condiciones fijadas en el nuevo decreto serán exigibles para la habilitación y permanencia de las entidades, que tienen un plazo de siete años para cumplirlo progresivamente.
La nueva regulación establece medidas preventivas y de vigilancia especial cuando una institución presente anormalidad en la prestación del servicio o irregularidades en su funcionamiento.
En los términos contabilizados en días no deben tenerse en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que, por cualquier circunstancia, permanezca cerrado el despacho.
El porcentaje de cargos no prorrogados corresponde al total de jueces y empleados que laboraban en edificios en los que no hubo atención normal al público.
El Ministerio de Salud no puede determinar si una EPS está obligada o no a reconocer la prestación económica derivada de una incapacidad cuando el afiliado es atendido fuera de su red de servicios.
El uso del calificativo “inmoral” es válido, siempre y cuando se entienda relacionado con la moral social, prevalente en la comunidad, más allá de conceptos subjetivos.
Para imponer la sanción por devolución y/o compensación improcedente, se requiere la existencia y notificación previa de una liquidación oficial de revisión.
El vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad.
Mientras no exista un estatuto específico para maestros aborígenes, sus nombramientos deben sujetarse a la concertación con las comunidades, indicó la Corte Constitucional.
El concepto emitido por ese alto tribunal precisa que la manera más adecuada para liquidar el valor de las reparaciones es la aplicación de la tasa de interés efectivo anual.
El derecho procesal no puede constituirse en un impedimento para la efectividad del derecho sustancial, sino que debe procurar la realización de los derechos materiales.
La ley entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables.
El aparte demandado podía controvertir el mandato del artículo 90 de la Constitución, que obliga a repetir contra los funcionarios a quienes se les compruebe dolo o culpa grave.
Mientras se reglamenta el artículo 51 del Estatuto del Consumidor, el tiempo y la forma para recuperar esos recursos son asuntos que deberá resolver la institución financiera.
Los errores en las bases de datos que dificultan la identificación de los usuarios son faltas atribuibles a esas entidades, que no pueden ser trasladadas a los interesados.
La Sentencia T-410 del 2014 actualizó y modificó la jurisprudencia en la materia, al apartarse parcialmente de las consideraciones de la Sentencia C-506 del 2001.