Sin la correspondiente sanción presidencial, el Gobierno devolvió por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia el proyecto de ley que establece nuevos parámetros para la estampilla del adulto mayor. Dentro de los argumentos del Ejecutivo, se mencionó la violación del principio de regresividad en atención al adulto mayor. Así mismo, indicó que el artículo 3° del proyecto establece que la estampilla será un “recurso de obligatorio recaudo”, lo cual, a juicio del Gobierno, deja ver un leguaje imperativo que contraría la facultad impositiva de las entidades territoriales. En cuanto a las razones de inconveniencia, una de ellas es que en la actualidad existen más de 70 leyes que autorizan la emisión de estampillas a las entidades territoriales, por lo cual la proliferación e indebida configuración de estos tributos puede conllevar la nulidad del acto administrativo territorial que los adopta y, como consecuencia, generar un impacto fiscal por la correlativa imposibilidad de recaudar la estampilla, por lo que se causa un déficit en el sector al cual estaba destinado el recaudo.