El Consejo de Estado declaró legal la fórmula utilizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para establecer los topes de las campañas de las elecciones del 2014. A su juicio, la Resolución 0228 del 2013 no excedió los límites impuestos por el artículo 24 de la Ley 475 del 2011, en el cual se establece esta atribución en cabeza de la mencionada autoridad y las condiciones de su aplicación. A pesar de no haber contado con la información de la apropiación para financiación de campañas, de acuerdo con el presupuesto del 2013, afirmó, el estudio base para la actualización de los límites de gastos sí existió, dado que el CNE utilizó como base el mayor valor de gastos declarado por la lista al Congreso en las elecciones del 2010. Además, en criterio del alto tribunal, no es cierto que el organismo demandado haya aplicado indebidamente el censo electoral, al comprobarse, como lo advirtió previamente, que se tuvieron en cuenta los segmentos poblacionales fijados en la resolución por medio de la cual se establecieron los topes de gastos de campaña para las elecciones adelantadas durante el cuatrienio anterior. Adicionalmente, aclaró que el CNE no fijó los gastos por candidato, sino por lista completa presentada por cada partido, de ahí que afirmara que, entre menos aspirantes, mayor asignación presupuestal (C. P. Lucy Jeannette Bermúdez).