En un porcentaje equivalente al incremento del salario mínimo para el 2016 (7 %), la Junta Central de Contadores reajustó las tarifas por la expedición de tarjetas y certificaciones.
Los decretos 1661 y 2164 de 1991 solo cobijan a los empleados del orden nacional, debido a que la norma que permitía establecerla para los empleados territoriales fue declarada nula.
La Corte Suprema recordó que el mecanismo idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio y la seguridad, entre otros, es la acción popular.
Si bien la relación reconocida no genera la calidad de empleado público, sí implica el reconocimiento de las acreencias laborales, recordó la providencia.
El Consejo Superior de la Judicatura enfatizó que este tipo de conductas contribuyen al desprestigio de la profesión y al correcto funcionamiento de la administración de justicia.
La Corte Suprema recordó que la causal séptima de revisión del artículo 192 de la Ley 906 del 2004 exige la acreditación de requisitos materiales que permitan establecer la injusticia de los fallos demandados.
Según explica un concepto del DAFP, las personerías no integran la Rama Ejecutiva, sino que hacen parte de los órganos de control, por esta razón no se configurarían las inhabilidades estipuladas en el artículo 174 de la Ley 136 de 1994.
El ICBF recordó la jurisprudencia de la Corte Constitucional que definió cinco principios en los cuales se sustenta la protección del derecho a la intimidad.
Reforma a la justicia, conformación del Consejo de Gobierno Judicial y reelección del Procurador General de la Nación, algunos casos que se cerrarían el próximo año.
Una vez evidenciadas las inconsistencias entre la declaración de importación y la factura presentada como documento soporte de la operación de comercio exterior, el importador declarante deberá pagar una multa y un porcentaje.
Según el artículo 884 del Código de Comercio, cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente.
La norma cambia el cronograma de aplicación para los preparadores de información del grupo 2 que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y las cajas de compensación.
El Consejo Superior de la Judicatura señaló que este postulado es un factor determinante a la hora de medir la responsabilidad de un funcionario, principalmente cuando este se encuentra en cabeza de un equipo de trabajo.
A través del Decreto 2509 del 2015, el Ministerio del Trabajo señaló los términos y condiciones específicos del mecanismo de compensación monetaria en este sistema.
Adicionalmente, la Dian aclaró que las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el extranjero no hacen parte de las entidades no contribuyentes que establece el artículo 293-2 del Estatuto Tributario.
Si el accionante no ha agotado este procedimiento, no puede admitirse que por medio de una tutela se provea la solución de cuestiones que corresponde dirimir en otros escenarios.
Se adelantarán las entrevistas de los aspirantes preseleccionados el 2 de marzo del 2016, con el fin de elaborar la lista de candidatos para el remplazo del magistrado Gerardo Arenas Monsalve.
El trámite tiene vigencia hasta que entre en funcionamiento el fondo de contingencias de que trata el artículo 194 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El fallo exhortó al Congreso y al Ejecutivo para que regulen un seguro colectivo que cubra las eventualidades frente a la continuidad del pago de salarios y prestaciones sociales de estas víctimas.
En este evento, confluyen dos intereses contrapuestos. De una parte, el interés personal del administrador como mutuario y, de otra, el interés de la compañía en calidad de mutuante.
La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-516 del 2015, que declaró tres inexequibilidades sobre disposiciones contenidas en la Ley 1708 del 2014.
Recientemente, el Consejo Superior de la Judicatura profirió tres acuerdos que reglamentan temas claves para la entrada en vigencia del Código General del Proceso, a partir del 1° de enero del 2016.
El Consejo Superior de la Judicatura reglamentó la administración de las salas de audiencia y el uso de medios alternativos para hacer más rápidas las diligencias.
En ciertos eventos, el legislador puede exigir la presentación de documentos privados, como sucede con la factura para que procedan los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta.
Ámbito Jurídico describe las iniciativas aprobadas en las últimas plenarias del Congreso del 2015. Se destacan las reformas para luchar contra los ataques con ácido, el maltrato animal y la corrupción trasnacional.
La Corte Constitucional informó las decisiones que tomó en la última Sala Plena del año. En esta ocasión, se destacan los temas acerca de procesos de expropiación, protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y el reinicio de operaciones de la hidroeléctrica El Quimbo.
Mediante un comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó que en la Sentencia C-750 declaró la inexequibilidad de una expresión contenida en el parágrafo del artículo 399 del CGP.
Mediante concepto, la DIAN recordó los requisitos que se deben tener en cuenta a la hora de aplicar los descuentos al impuesto sobre las ventas consagrados en el Estatuto Tributario.
Las normas que regulan el SGSSS no son aplicables, entre otros, a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, preciso el Ministerio de Salud.
La Sala Plena de la Corte Constitucional dio a conocer el texto definitivo de la sentencia que declaró exequibles los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 27 de la Ley 1682 del 2013.
Mediante decreto, el Ministerio de Hacienda fijó los valores absolutos que deben ser aplicados a la hora de liquidar el impuesto de vehículos automotores.
Varios son los derechos y las disposiciones en el ordenamiento jurídico que imponen la obligatoriedad que tienen los jueces de motivar una sentencia judicial
El mecanismo que servirá para refrendar los acuerdos de La Habana se ha aprobado en el Congreso, la Corte Constitucional tiene la última palabra. Estos son los temas a tener en cuenta.
La DIAN aclaro que para ser importador o declarante directo no es necesario ser residente Colombiano, así las cosas, lo único que se requiere es que cuente con la inscripción en el registro único tributario – RUT-.
La ausencia de disposiciones normativas que prohíban la práctica de ayudas diagnósticas da vía libre a que dichos procedimientos puedan ser ordenados por los médicos como parte de su autonomía.
El Ejecutivo presentó ocho objeciones al nuevo Código General Disciplinario, cuatro de ellas fueron por inconstitucionalidad y las restantes, por inconveniencia, el Legislativo no las aceptó todas.
Aceptar un razonamiento diferente sería tanto como afirmar que la absolución no puede fundarse en pruebas provenientes de personas que tengan interés en el resultado del proceso.