La demanda pide la inexequibilidad del aparte “si no obedecieren, podrá ordenar que sean retenidos en la cárcel o en algún cuerpo de guardia hasta el día siguiente de las elecciones”, contenido en el artículo 118 del Decreto 2241 de 1986, mediante el cual se expidió el Código Electoral. Para los demandantes, la disposición vulnera los artículos 28 y 29, 85 de la Constitución Política, al establecer restricciones ilegales a la libertad de locomoción y al debido proceso por desconocer los principios de juez natural. Así mismo, concluyen que con esta facultad que se le confiere al presidente del jurado de votación se lesiona flagrantemente el modelo de Estado social de derecho, “el cual se basa entre sus raíces principales efectivizar las garantías fundamentales de sus asociados, los cuales buscan limitar el abuso del poder, y así evitar que se incurra en situaciones de arbitrariedades”.