La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la sanción de censura a un profesional del derecho, al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 32 del Código Disciplinario del Abogado (Ley 1123 del 2007). En el caso concreto, el disciplinado tramitaba en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Mocoa un proceso de responsabilidad civil extracontractual, y ante un llamado de atención verbal que le hiciera la juez del caso, el togado redactó y presentó un escrito en el cual realizó una serie de imputaciones deshonrosas contra la titular del citado despacho judicial. Para el alto tribunal, si bien un abogado no está obligado a guardar silencio frente a los llamados de los funcionarios jurisdiccionales, es reprochable y resulta antijurídico en los términos del artículo 5° de la Ley 1123, el empleo de frases injuriosas que irrespetan la administración de justicia, representada por sus jueces. Así las cosas, enfatizó que este tipo de conductas contribuyen al desprestigio de la profesión y al correcto funcionamiento del ordenamiento jurídico (M.P. Wilson Ruiz Orejuela).