En sesiones extraordinarias, fue sometido a conciliación el proyecto 060/15S-159/14C, por el cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional. Según el Ministerio del Interior, la futura ley le permite al país cumplir con requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) en materia judicial, al endurecer las sanciones administrativas para delitos transnacionales con multas de hasta US $ 40 millones. Según lo aprobado, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer multas a quienes ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad a cambio de que este realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones. Se impondrían multas de hasta 200.000 salarios mínimos mensuales, inhabilidad para contratar con el Estado hasta por 20 años, publicación en medios de amplia circulación de la persona jurídica sancionada y prohibición de recibir cualquier tipo de incentivo o subsidio del Gobierno. Además, se modificaría el artículo 433 del Código Penal, para aumentar la multa por cometer a la conducta de soborno trasnacional e incluir la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas, equivalente a la pena impuesta, que iría de 9 y 15 años.