Se elaborará un proyecto de ley para modificar el tipo penal de lavado de activos, en concordancia con las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Este valor equivale al promedio de las cinco mayores tasas de interés en cuentas de ahorros con saldos de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Dichas sociedades no se regulan por el derecho de asociación general, sino por las disposiciones de la Constitución económica, y son susceptibles de la intervención del Estado.
Mientras se implementa una herramienta informática para este fin, las entidades deberán solicitar dicha información de manera directa o indirecta a la Fiscalía General de la Nación.
La entidad no aplicará sanciones, siempre y cuando la declaración virtual se presente, a más tardar, al día siguiente a aquel en que los servicios se hayan restablecido.
La ANM fijará cronogramas para la entrada en vigencia del mecanismo. Además, podrá definir ámbitos territoriales en los que procederá su aplicación progresiva.
El plazo para que la alcaldía emita el acto administrativo no es obstáculo para materializar el derecho fundamental a la restitución, que debe ser inmediato.
La protección brindada a los periodistas en cuanto a la presentación de informes sobre cuestiones de interés general está condicionada a que hayan actuado de buena fe.
El efecto inter comunis otorgado a la Sentencia T-936 del 2011 solo cobija a quienes demuestren haber sido despedidos en virtud de su condición de fundadores de la organización.
El profesional del derecho, al no actuar con celeridad, desconoce el deber que tiene todo abogado de obrar con honradez y diligencia ante sus poderdantes.
En firme la decisión del Ministerio Público, al alcalde solo le restaría acudir a la acción de tutela o interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Esta disposición se extiende a los miembros de las Fuerzas Militares, Policía Nacional, soldados o auxiliares, cuando se les haya reconocido una pensión.
La medida no puede mantener vigencia, mientras la Corte Suprema no se haya pronunciado sobre la procedencia del traslado del requerido hacia el territorio que lo solicita.
En casos especiales como este, dicho término debe contarse desde que el actor es consciente de que el daño antijurídico puede ser atribuible al Estado.
La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación.
Los valores notariales se reajustan anualmente teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor del año anterior, que, en este caso, fue del 1,94 %.
Los funcionarios que adelantan procesos de liquidación obligatoria en la Supersociedades se ubican en la categoría de quienes ejercen función jurisdiccional.
Para los contratos vigentes antes de la promulgación de la Ley 820, el incremento será del 3 %, cifra que corresponde a la meta de inflación fijada por el Banco de la República.
Las empresas que están en el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deben aplicar el Decreto 2784 del 2012.
Una actuación con pretensiones inferiores conocida por un tribunal no puede impugnarse ante el Consejo de Estado, si el recurso se interpuso a partir del 1º de agosto del 2006.
Las solicitudes de recobro para pago surtirán un proceso de verificación y control a través de las etapas de pre-radicación, pre-auditoria y auditoría integral.
La familia debe ser entendida en concordancia con el principio del pluralismo, de tal manera que no puede existir un concepto único ni excluyente, recuerda la demanda.
Los reglamentos técnicos u operativos que expidan los prestadores no podrán incluir requisitos adicionales a los establecidos en la normativa expedida por el Gobierno.