Ante la Corte Constitucional fueron radicadas dos demandas contra la ley que endurece las sanciones aplicables a los conductores en estado de embriaguez (Ley 1696 del 2013), que lleva solo un mes de vigencia. Para uno de los demandantes, la norma en su integridad persigue un interés económico particular y no intereses generales en beneficio de la comunidad; además, considera que entregarle a una sola entidad, la Policía Nacional, facultades multifuncionales vulnera el debido proceso. La otra demanda señala que los artículos 5º y 8º de la ley vulneran los artículos 1º, 2º, 6º, 24 y 29 de la Constitución, al facultar a las autoridades de tránsito para retener la licencia de conducción impidiendo la movilización sin que haya un acto administrativo en firme (demandantes: Tomas Javier Oñate Acosta, Carlos Alberto Paz Russi y Carlos Eduardo Paz Gómez).