El Gobierno acaba de sancionar la Ley de reforma al Código Penitenciario y Carcelario. La nueva norma modifica algunos artículos de la Ley 65 de 1993, la Ley 599 del 2000 y la Ley 55 de 1985. Algunas de las disposiciones señalan que para acceder al beneficio de prisión domiciliaria la condena no podrá superar los ocho años, deberá demostrarse arraigo familiar y el beneficiado será responsable de sus traslados y del costo del brazalete electrónico, salvo que se demuestre fundadamente que carece de los medios necesarios para costearlo. Por su parte, la libertad condicional se concederá a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la pena, sumado a otras condiciones. Por otro lado, se permitirán prácticas de consultorio jurídico y judicatura a los estudiantes de Derecho en los centros penitenciarios.