La Procuraduría respaldó la exequibilidad de la norma que determina quiénes integran el subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta, aunque le solicitó a la Corte Constitucional que se declare inhibida de analizar la demanda de fondo (artículo 3º de la Ley 1505 del 2012). Según la disposición, este cuerpo lo integran voluntarios acreditados y activos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y los cuerpos de bomberos y aquellos que hagan parte de las demás entidades autorizadas por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Para el Ministerio Público, la acción carece de pertinencia, teniendo en cuenta que lo que se pretende es incluir a un grupo particular en el subsistema, cual es el Círculo Nacional de Auxiliadores Técnicos; según el concepto, tal pretensión escapa a la finalidad de este tipo de acción. La Procuraduría consideró que no hay una discriminación capaz de generar la prosperidad de una declaratoria de inconstitucionalidad, ya que lo demandado prevé que otras entidades distintas a las mencionadas expresamente allí hagan parte de este cuerpo de atención a desastres; de suerte que los integrantes de organizaciones autorizadas por el mencionado comité que no han sido señalados en la norma, según lo reglamente el Ministerio del Interior, podrán hacer parte de la plataforma y a los beneficios contemplados. La ponencia será presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.