El Consejo de Estado señaló que la acción de nulidad simple no puede convertirse en una herramienta para hacer viables las pretensiones del actor que ha perdido la oportunidad para acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. De ahí que la improcedencia de la nulidad simple, cuando la demanda se dé en este tipo de condiciones, deba estar aparejada de un pronunciamiento oficioso del juez en el que este declare, además de la inhibición, la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 85 del Código Contencioso Administrativo). En el caso concreto, la corporación encontró que, a pesar de que el propósito del control de legalidad a una actuación de la administración buscaba el restablecimiento de un bien jurídico particular afectado con el acto materia del debate, al accionante acudió a la nulidad simple, habida cuenta de la caducidad de la acción a la que le correspondía acudir al demandante para materializar sus pretensiones (C. P. María Claudia Rojas).