La Procuraduría sugirió declarar como ajustada a la Carta Política la norma que ordena a los jueces de tutela acudir a peritos designados por el Gobierno, antes de resolver solicitudes de amparo que busquen proteger derechos de personas en condiciones de discapacidad (artículo 14 parcial de la Ley 1306 del 2009) En primer término, señala, esta previsión sirve para que el operador tome la decisión que garantice el goce de los derechos de los que podría carecer el accionante, de acuerdo con la realidad científica de su capacidad en materia de salud. Así, dice, la medida no es discriminatoria, sino necesaria, pues no podrían otorgarse soluciones a las calamidades propias de las personas con discapacidad mental de la misma manera que se haría a favor de aquellas que sufren de cualquier otro tipo o de quienes no las sufren. El magistrado Gabriel Eduardo Mendoza presentará el proyecto de fallo ante la Sala Plena.