En concepto que acaba de ser dado a conocer, la Procuraduría insistió en solicitarle a la Corte Constitucional que se abstenga de resolver de fondo la demanda contra la norma que exime a los accionistas de sociedades por acciones simplificadas (SAS) de las obligaciones laborales adquiridas por este tipo de empresas (artículo 1º, parcial, de la Ley 1258 del 2008). El alto tribunal le pidió a la corporación estarse a lo resuelto en el expediente D-9769, en el cual entregó este mismo concepto o, subsidiariamente, que se declare inhibida. Para el Ministerio Público, el actor se equivoca en sus interpretaciones, pues, a su juicio, esta ley no limitó las responsabilidades de los accionistas en forma absoluta hasta el monto de sus aportes. En ese sentido, señaló que los artículos 42 y 43 les atribuyen deberes más allá de esta consideración, al hacerlos responsables de la totalidad de los abusos o las defraudaciones en las que incurran por cuenta de su participación en la respectiva SAS. El proyecto de fallo deberá ser presentado por la magistrada María Victoria Calle.