La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que ordena mantener las condiciones salariales y prestacionales de empleados públicos y oficiales de la salud que empezaron a integrar el sistema nacional de salud a partir de la Ley 10 de 1990 (artículos 3º y 4º parciales del Decreto 1399 de 1990). A su juicio, no se viola el derecho a la igualdad de los nuevos trabajadores que se incorporaron a las entidades con arreglo a la misma ley, porque lo que se protege con esta disposición son los derechos adquiridos por trabajadores sin solución de continuidad, pues, de lo contrario, habría que tenido que ordenarse la supresión de los cargos y la respectiva indemnización. Esta salida, dice el concepto, habría contrariado el deber del Estado de intervenir en la economía en aras de lograr el pleno empleo de los recursos humanos, como lo ordena el artículo 334 de la Constitución. El fallo será proyectado por el magistrado Mauricio González.