Ámbito Jurídico consultó con el constitucionalista Francisco Barbosa las implicaciones de imponer un control de constitucionalidad único al acuerdo final que se logre en La Habana y sobre incluirlo de manera taxativa en el bloque de constitucionalidad.
Corresponde a los jueces de control de garantías evaluar si la dilación procesal denunciada es injustificada y, por tanto, el tiempo de la detención preventiva resulta desproporcionado, agregó la Corte Suprema.
Serán sancionadas las personas jurídicas domiciliadas en Colombia, como las subordinadas y las sucursales de sociedades extranjeras, que infrinjan la Ley 1778.
El escrito proferido por un testigo, pese a estar debidamente ratificado, recibe el mismo tratamiento de una prueba testimonial ante este recurso extraordinario.
Dicha potestad del juez en segunda instancia se limita al material probatorio que considera necesario para desarrollar y resolver un recurso de apelación o una consulta.
Las causas de ausencia deben ser evaluadas en cada caso particular, atendiendo las reglas previstas tanto en el EOSF como en el Código de Comercio, Circular Básica Jurídica y los propios estatutos.
La entrega del certificado RUT se realizará de forma inmediata, evitando desplazamientos adicionales, señala la Dian al explicar los alcances de la eliminación de ese requisito.
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, por unanimidad, la iniciativa en segundo debate. Corresponde al Senado continuar con el trámite legislativo.
Cuando el asunto verse sobre violencia de género, el funcionario judicial deberá realizar una valoración favorable de cargas y costos para las mujeres víctimas.
En el primer evento es necesario esperar que los otros asuntos se decidan para evitar decisiones contradictorias, o la posibilidad de que las partes soliciten al juez la medida.
En este tipo de procedimientos las autoridades deben implementar las medidas adecuadas para la protección de los derechos fundamentales de los afectados, precisó la Corte Constitucional.
Así como un aumento de penas inmotivado deviene en inconstitucional, la misma consecuencia es predicable a penas que se apartan de los límites mínimos.
Por su parte, el revisor fiscal no puede tomar medidas que expongan a la sociedad a riesgos. Recuerde las funciones del revisor, según el Código de Comercio.
A partir del 11 mayo, se podrán inscribir en el Registro único de operadores los interesados en el proceso del tercer canal, el cual tendrá adjudicación en el 2017.
Es inadmisible e injustificable exigir a los sobrevivientes de parejas del mismo sexo declaración ante notario para demostrar la vida en común, enfatizó la Corte Suprema.
Antecedentes penales o disciplinarios son una limitación de acceso para el interesado en el beneficio, pese a contar con los demás requisitos indicados en la ley.
El accionante indica que el abogado únicamente tiene una relación contractual con el extremo procesal y desconoce las circunstancias de cómo sucedieron los hechos.
Fueron informadas las últimas determinaciones del alto tribunal, relacionadas con bibliotecología, impuesto al consumo, contrabando, juegos de azar, el Acuerdo de alcance parcial con Venezuela.
Una sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado acogió el criterio objetivo valorativo para la imposición de costas, incluidas las agencias en derecho.
Se requiere autorización previa del juez de control de garantías para efectuar operaciones que impliquen ingresar a reuniones en el lugar de trabajo o en el domicilio del imputado o indiciado.
Las inversiones, cuando se trate de partes alícuotas de capital que una sociedad tenga en el exterior, forman parte de sus activos sociales y sus rendimientos constituyen ingresos para la sociedad.
Si bien las relaciones extramatrimoniales entre compañeros de trabajo no justifican el despido, un fallo de casación de la Corte Suprema analiza una excepción a la regla.
Estas nulidades no están sometidas al régimen de caducidad y buscan proteger al conglomerado social de los efectos adversos que puedan desprenderse de un acto jurídico o un contrato viciado.
Esta normativa no busca excluir al extranjero de la posibilidad de adoptar niños colombianos y tampoco tiene como fin preferir al nacional por el solo hecho de serlo.
Los servidores que pasaron a ser empleados públicos de las ESE se regirán por el régimen salarial y prestacional de los de la Rama Ejecutiva del nivel nacional
El accionante asegura que un aparte del Código General del Proceso impide reparar el daño a la víctima y exime al ofensor de la obligación de reparar los daños causados.
Una sentencia de la Sección Cuarta del Consejo de Estado fija una nueva posición sobre la materia, al determinar que se vulneró el derecho al debido proceso del Legislativo.
Cualquier autoridad judicial o administrativa, e incluso un particular, puede dejar de aplicar una normativa cuando resulte contraria a los postulados de la Constitución Nacional.
El aspirante a ser incluido en la lista deberá solicitar su inscripción, diligenciando el formato electrónico de hoja de vida y el formulario electrónico de inscripción
La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 96 votos, la reducción del porcentaje de cotización en salud para los pensionados, del 12 % al 4 %.
El fuero circunstancial, a diferencia del fuero sindical, constituye una garantía que ampara a los trabajadores sindicalizados que se encuentren en una negociación colectiva.
La Corte Suprema fijó jurisprudencia sobre el artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, según el cual se excluyen de esta garantía los delitos de terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos.
El domicilio antiguo de un contribuyente, retenedor o declarante para notificar las actuaciones tributarias es válido tres meses después de que la administración reciba la información de cambio de dirección.
No se configuró una omisión legislativa, por cuanto la cátedra de educación para la sexualidad únicamente a niveles de educación media y superior resulta idónea y adecuada.
Los contratos donde prevalece la actividad intelectual se efectúan por contratación directa y los demás que no se ajusten a ello manejan otros procesos de selección .
Una sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado realiza un recuento jurisprudencial del régimen de responsabilidad estatal en casos de privación injusta de la libertad.
Fueron informadas las últimas decisiones del alto tribunal. Ámbito Jurídico desarrolla los temas tratados, relacionados con lavado de activos, planes de ordenamiento territorial y sociedades conyugales.
En el derecho común, la indebida integración del contradictorio genera sentencias inhibitorias; sin embargo, frente a la acción constitucional la ley prohíbe este tipo de providencias.
El Consejo de Estado se pronunció sobre una consulta que interrogaba sobre los efectos que deben asumir las personas jurídicas o sus representantes nacionales al ser investigados por esta conducta
La Sala Plena del Consejo de Estado estudia la demanda de nulidad contra la reelección del jefe del Ministerio Público. Se espera decisión del alto tribunal esta semana y Ámbito Jurídico acerca los argumentos de las partes involucradas en esta trascendental decisión.
La disciplinada paralizó el normal desarrollo del proceso, obligando al juzgado de conocimiento, en dos oportunidades, a requerirla para que informara del trámite.
La parte interesada acusaba falta de cuidado del juez al no declarar como confesión hechos que manifestaba la empresa por el hecho de que el demandante asistió a varias etapas procesales.
Supersociedades conceptuó sobre la adopción de las medidas administrativas contempladas en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 152 del Decreto 19 del 2012.
En el derecho común la indebida integración del contradictorio genera sentencias inhibitorias; sin embargo, frente a la acción constitucional, la ley prohíbe este tipo de providencias.
El Consejo de Estado indicó que la demora de la administración en ejecutar obras o mantenimiento de servicios públicos no fuerza a los habitantes para actuar de manera imprudente.
El Senado eliminó el “congresito” para que las células legislativas tradicionales asuman el estudio de los proyectos de ley y de reforma constitucional para la paz.
El certificado expedido por el registrador de instrumentos públicos no es apto para determinar la calidad o naturaleza de un terreno: Corte Suprema de Justicia.
Los servicios de salud requeridos por el aprendiz y el pago de incapacidades estarán a cargo del sistema de salud, según el artículo 206 de la Ley 100 de 1993.
Las funciones jurisdiccionales otorgadas a las autoridades administrativas se han convertido en un mecanismo ágil para que la ciudadanía proteja sus derechos. Ámbito Jurídico explica los procedimientos establecidos, ofrece modelos de demandas y referencia fallos destacados.