La Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en contra de algunos apartes del artículo 193 del Código General del Proceso (CGP), el cual define la confesión por apoderado judicial. El accionante indicó que esta normativa trasgrede los artículos 1°, 14 y 29 de la Constitución Política, pues al trasladar la voluntad de confesar de la parte hacia su apoderado se afecta la dignidad humana, toda vez que esta facultad se entiende otorgada tácitamente a través del poder conferido y recae sobre hechos personales, personalísimos e incluso íntimos del poderdante. De igual forma, afirmó que el abogado únicamente tiene una relación contractual con el extremo procesal, desconociendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los hechos para brindar la confesión, por lo que resulta absurdo que sus aseveraciones tengan validez, interfiriendo en el derecho a la intimidad. El demandante también aseveró que se vulnera el principio de no incriminación, ya que el profesional puede indicar los hechos que inculpan a quien representa y, además, le priva el derecho al debido proceso en atención a las consecuencia que esto puede acarrearle.