Por presunta vulneración a los artículos 13 y 67 de la Constitución Política, demandaron el numeral 2° del artículo 4 de la Ley 1678 de 2013, el cual indica “no tener antecedentes penales, ni disciplinarios” como uno de los requisitos para acceder a las becas de estudios de posgrados que trata esa ley. Los accionantes aseguraron que el numeral atacado promulga un requisito discriminatorio y una desigualdad positiva, puesto que perjudica y limita a las personas que, pese a poseer o cumplir con los demás requisitos, no pueden alcanzar a este beneficio por tener antecedentes penales o disciplinarios. Así mismo, indicaron que este requisito resulta desproporcionado, toda vez que los antecedentes penales se pueden obtener por la comisión de conductas punibles a través de las modalidades de dolo, culpa o preterintención e, incluso, el Presidente de la Republica puede posesionarse aun cuando haya sido condenado por delitos políticos culposos o dolosos. En relación con el derecho a la igualdad, afirmaron que esta norma genera un trato diferencial injustificado, ya que le niega la igualdad de oportunidades a quienes poseen antecedentes en relación con las personas que no ostentan estás condiciones y carece de razonamiento constitucional por cuanto la persona que haya cumplido con su condena seguirá sancionada de acuerdo con esta norma.