Radicaron acción pública de inconstitucionalidad contra el segundo y cuarto inciso del artículo 15 de la Ley 1563 del 2012, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y dictaron otras disposiciones. El demandante afirma que los párrafos trasgreden varios artículos de la Carta Política, toda vez que permiten a un ciudadano “vetar” de manera subjetiva a una persona para que desempeñe una función para la cual fue habilitado, cual es actuar como árbitro en determinado conflicto o en el evento que los árbitros o secretarios revelen cualquier circunstancia surgida la cual pueda generar dudas sobre la imparcialidad y los demás árbitros tengan que decidir sobre su separación o la continuidad del asunto a tratar. De igual forma, indicó que, a diferencia de la inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, esta normativa no implica ningún criterio objetivo que implique la incursión en una causal específica frente a unos hechos determinados.