Varios ciudadanos interpusieron demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 3° del artículo 3°,  el inciso 4° del artículo 4° (parcial), los artículos 13, 15 y 29 y la totalidad de la Ley 1776 del 2016, la cual crea y desarrolla las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, Zidres. Afirman los accionantes que esta normativa vulnera los artículos 1°, 7°, 8°, 13°, 64°, 287° y 313° de la Constitución Política y desconoce el bloque de constitucionalidad, por cuanto afectan directamente la relación entre el territorio y las comunidades nativas y ello hace obligatorio tramitar la consulta previa. Según los argumentos presentados, la Ley Zidres desconoce la igual protección que ostentan los grupos indígenas y las comunidades negras, por cuanto no incluye en la prohibición de constitución de Zidres los territorios que son objeto de un proceso de ampliación de resguardo indígena y los nuevos criterios para distribuir los terrenos baldíos, carecen de acciones que beneficien el campesinado y a los trabajadores agrarios. Además, aseveraron que el legislador les arrebata a las autoridades territoriales la posibilidad de ejercer sus competencias frente el uso del suelo y la administración de los recursos, desconociendo el límite impuesto por la Constitución relacionado con las facultades de las entidades territoriales de gobernarse.