Una ciudadana interpuso acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la Ley 1740 del 2014, titulado “Trámites para la Superintendencia de Educación”. La accionante asegura que la voluntad del Gobierno Nacional fue conservar la función de inspección y vigilancia de la educación superior a cargo del Ministerio de Educación y reforzar su capacidad de respuesta frente a la problemática que desea combatir; sin embargo, la iniciativa no fue tramitada como una ley que concede facultades extraordinarias, por lo que no es posible crear la Superintendencia de Educación. Adicionalmente, afirma que el Poder Legislativo no puede limitar la facultad del Ejecutivo de presentar proyectos para crear entidades de orden nacional o de solicitar eventualmente facultades en el mismo sentido, como sucede con el artículo demandado, pues se le impuso el deber de presentar una iniciativa para crear la superintendencia dentro de un término especifico.