El Gobierno acaba de sancionar la Ley 1787, que crea un marco regulatorio para el acceso seguro e informado al uso médico y científico de la planta del cannabis y sus derivados.
El Ministerio de Salud expidió la Resolución 2388 del 2016, con la cual define las especificaciones y estructuras de los archivos a reportar por aportantes, pagadores de pensiones y operadores de información.
Con la Resolución 2324 del 2016, Minsalud adoptó dichos lineamientos y delegó en el Uspec, en coordinación con el Inpec, implementar y garantizar su cumplimiento.
EPS están obligadas a cumplir órdenes judiciales que protejan el derecho a la salud, sin interrupciones que invoquen actos orientados a su desconocimiento.
La norma define aspectos relacionados con la plantación y comercialización del cannabis, sin embargo, existen otros elementos que la diferencian respecto del decreto recientemente expedido.
Los ministerios de Justicia y de Salud, la Supersalud y el Inpec conminaron a realizar todas las acciones necesarias para suscribir los respectivos contratos con el Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL 2015.
EPS no podrán negar la inscripción a ninguna persona por razones de su edad o por su estado previo, actual o potencial de salud y de utilización de servicios.
Los servicios de salud requeridos por el aprendiz y el pago de incapacidades estarán a cargo del sistema de salud, según el artículo 206 de la Ley 100 de 1993.
Así lo dijo Minsalud al expedir la nueva norma de garantía de prestación de tecnologías en salud no incluidas dentro del plan de beneficios con cargo a la UPC.
Para la implementación del programa se tendrán en cuenta aquellas entidades territoriales que tengan el mayor número de población víctima, entre otros factores.
En el Congreso avanza una iniciativa que incluiría la infertilidad como enfermedad, con el propósito de garantizar su tratamiento con técnicas de reproducción humana asistida.
Teniendo en cuenta las múltiples inquietudes originadas por la definición de este tipo de accidentes, y con el propósito de facilitar su aplicación, el Ejecutivo explicó dicho término.
Las disposiciones aplican a las EAPB, IPS, a los servicios de transporte especial de pacientes, a entidades departamentales, distritales y municipales de salud.
Según el Decreto 2467, este es el requisito inicial para el otorgamiento de licencias de producción y fabricación, así como de exportación de productos derivados de dicha planta.
Así lo definió Minsalud al modificar la Resolución 1378 del 2015, argumentando que el documento de identidad es más seguro y permite plena identificación de las personas.
Los recursos provenientes del sistema general de participaciones y de las rentas cedidas para efecto de cumplir con las funciones del sector salud en las entidades territoriales son de destinación exclusiva, indicó Minsalud.
Si alguno o varios de los miembros no están exonerados del pago de los aportes, el beneficio no aplica para el consorcio o unión temporal empleado y corresponde a cada uno acreditar los requisitos.
Para el Consejo de Estado, si se desconoce esta competencia se permitiría que salieran al mercado mensajes ambiguos o no armónicos, que vulnerarían el interés de proteger el interés público.
Menores de 18 años de edad podrán acceder directamente a consultas especializadas de pediatría, obstetricia o medicina familiar, sin remisión de médico general.
El Gobierno expidió el decreto que crea el Sistema de Afiliación Transaccional, el cual, en tiempo real, permitirá consultar afiliaciones y novedades del sistema de salud.
Minsalud publicó un proyecto de decreto con el que reglamentaría la tenencia y cultivo de semillas y plantas de cannabis con fines medicinales. Hay plazo para comentarios hasta este domingo.
El Gobierno fijó el mecanismo de reconocimiento de los servicios de salud. Sin embargo, advierte que bajo ninguna circunstancia se realizarán pagos que no estén asociados a atenciones de urgencia.
Con la Resolución 3460 del 2015, Minsalud fijó procedimiento, condiciones y requisitos para que EPS e IPS accedan a línea de crédito con tasa compensada de Findeter.
Una nueva orden de la Corte Constitucional, que exigió al Gobierno reglamentar el derecho a la muerte digna, y la persistente renuencia del Congreso para regular el tema reviven la discusión.
Por el hecho de que exista una persona encargada de supervisar las piscinas ubicadas en conjuntos residenciales, la Ley 1209 no consagra la posibilidad de delegar este deber.
El Ministerio de Salud evidenció situaciones excepcionales que exigen la prestación urgente del servicio por fuera de los plazos y cronogramas establecidos.