Si se los perdió, lo invitamos a leer a los columnistas que nos enriquecieron con sus importantes aportes la semana que termina (21 al 25 de abril).
El debate generado por la Resolución 052 de 2025 es comprensible en el marco del creciente dinamismo de la legislación agraria en Colombia.
Sorprende favorablemente que el propio Minagricultura, en la resolución sometida a comentarios, ha recogido sus propios errores suprimiendo dicho capítulo.
El Gobierno revisará las exportaciones estratégicas y posibles efectos en sectores clave.
Aunque parece temprano para sacar conclusiones, distintos expertos dan línea sobre las posibles oportunidades que se abren para el país en el nuevo escenario comercial.
El cumplimiento de las disposiciones en la declaratoria de las APPA será de carácter obligatorio.
Este subsidio busca cubrir el diferencial de pérdidas en las cosechas del primer semestre del 2025.
La normativa impedirá que buques con pesca ilegal desembarquen en puertos colombianos.
Minagricultura aplicará medidas preventivas para evitar que las asociaciones no cumplan o excedan los límites impuestos por la ley en lo relacionado con su constitución y funcionamiento.
El sector terciario, que agrupa actividades como el comercio, los servicios públicos y la conectividad, fue el principal impulsor del crecimiento.
El programa ofrecerá préstamos de entre $ 2 millones y $ 4 millones, sin exigir garantía alguna.
La Agencia Nacional de Tierras sería la encargada de la compra y entrega de predios rurales.
El sector inmobiliario creció un 1,9 % en 2024, ubicándose entre los de mayor expansión y consolidándose como un eje clave en la recuperación económica.
El crecimiento del PIB en el cuarto trimestre alcanzó un 2,3 % respecto al año anterior.
Ya el Gobierno Nacional ha dirigido sus intenciones a hacer obligatorias las áreas de protección para la producción de alimentos de iure.
Promoverán condiciones de seguridad, soberanía y autonomía alimentaria en el territorio nacional y generarán acciones para minimizar la pérdida de alimentos.
Las asociaciones que incumplan con la normativa podrían enfrentar sanciones como amonestaciones y multas, con la posibilidad de llegar a la cancelación de su personería jurídica.
Se presenta luego de fracasar la negociación entre administración y propietario, pero requiere una emergencia imprevista.
La medida busca concluir procesos pendientes de adquisición de tierras para beneficiar a las comunidades afectadas.
Buscan mitigar los efectos del orden público sobre la titularidad y tenencia de tierras de campesinos, pequeños y medianos productores.
Durante la vigencia del estado de conmoción interior se suspenderán los procesos de ejecución de créditos en predios afectados.
Se trata del segundo decreto amparado bajo el estado de conmoción interior en El Catatumbo.
Este programa busca ampliar el acceso al crédito y fomentar prácticas de gestión de riesgos en sectores como la agricultura, ganadería y apicultura.
Del 15 de enero al 31 de marzo los innovadores colombianos podrán presentar sus candidaturas.
Los recursos se destinarán a actividades productivas agropecuarias y de infraestructura rural.
El aplazamiento de $ 12 billones recortan el presupuesto de $ 523 billones a $511 billones, afectando a varios ministerios y proyectos.
Los tributos asociados a la actividad económica interna representaron el 84,6 % del total anual recaudado.
Actividades terciarias crecieron 1,4 %, mientras que las secundarias y primarias registraron contracciones.
La ANT aplicará procedimientos de negociación directa para adquirir predios rurales, según las leyes vigentes.
La iniciativa contempla cuatro ejes principales, incluyendo la transición energética y el abastecimiento agroalimentario.
Estas áreas tendrán una jerarquía legal superior y garantizarán la protección del suelo productivo.
La UNGRD subraya la importancia de articular la estrategia de respuesta a estas emergencias con los planes sectoriales, institucionales y comunitarios.
Las negociaciones del salario mínimo en Colombia deben considerar las dinámicas diferenciadas de los sectores público y privado.
Busca resolver conflictos agrarios y fortalecer la justicia en las zonas rurales de Colombia.
La redacción de los proyectos regulatorios del ICA se caracterizará por la claridad y coherencia, siguiendo lineamientos específicos para su elaboración.
AMBITO JURÍDICO compila los hechos más relevantes sobre el proyecto de ley de financiamiento presentado para recaudar $ 12 billones y asegurar recursos para el presupuesto del 2025.
Con el fin de garantizar la transparencia, las asociaciones deberán presentar informes anuales y cumplir con la normativa vigente.
A pesar de la firma del acuerdo de paz, el control fiscal revela importantes retrasos y deficiencias en la planificación y ejecución de los compromisos asumidos.
Entre los beneficios del programa se incluye el acceso a líneas de crédito preferencial, gestionadas en colaboración con la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.
Sectores como Hacienda, Trabajo y Defensa enfrentan las mayores reducciones en sus asignaciones presupuestales del 2024.
Esta iniciativa priorizaría zonas estratégicas como núcleos de reforma agraria y áreas de protección para la producción de alimentos.
Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Se puede interactuar con un chatbot impulsado por inteligencia artificial que responde preguntas a los usuarios sobre la jurisdicción.
Está alineado con la política nacional de reindustrialización y el plan nacional de desarrollo.
Los proyectos productivos incluirán apoyos a organizaciones y formas asociativas campesinas para impulsar el desarrollo económico y ecológico en Colombia.
La medida buscaría el desarrollo sostenible y la protección de suelos agrícolas en la región.
Es probable que solo bajo una mirada que reconozca la necesidad de profundas transformaciones en nuestro sistema alimentario podamos evitar una tragedia de proporciones globales.
En la literatura especializada sobre Derecho Agrícola y Derecho Agrario, a menudo se emplean definiciones que pueden generar confusión al utilizarse de manera indistinta.
Este convenio promueve un enfoque ecológico dentro de la política de drogas, articulando esfuerzos con comunidades locales.
Los importadores deberán presentar un certificado fitosanitario que garantice la inspección y la ausencia de plagas y enfermedades de este tipo de plantas.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) será responsable de la capacitación en bienestar animal y de la implementación de métodos de evaluación.
La directiva estipula que al menos el 30 % del valor total de los recursos presupuestarios de cada entidad pública debe destinarse a la compra de alimentos.
Como parte de las medidas sanitarias, se decomisaron 65 mil litros de leche y se retiraron del mercado productos no conformes con los estándares establecidos.
La reducción del 17,4 % en el presupuesto de inversión afectará sectores clave como la vivienda y la agricultura.
El valor del programa asciende a $ 2.000 millones y será financiado por el Banco de Proyectos de Inversión Nacional.
El IPP de la producción nacional para el noveno mes del año presentó una variación de 1,04 % respecto a agosto del 2024.
Con esta iniciativa, el Gobierno espera mejorar el acceso a tierras para fomentar el desarrollo agrícola y rural en Colombia.
El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, destacó que se presentaron “ganancias en todos los macrosectores, crecimiento en los ingresos operacionales y fortalecimiento patrimonial”.
Se espera que la regulación impulse tratamientos basados en cannabis respaldados por evidencia científica.
Este organismo buscaría mejorar la coordinación entre las entidades públicas encargadas de implementar el acuerdo.
Se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación para garantizar la implementación efectiva de los planes de desarrollo sostenible en el ámbito rural.
Esta legislación establece la capacitación obligatoria en cambio climático para todos los funcionarios públicos de elección popular.
El presupuesto del 2025 se ajustará a las restricciones fiscales, priorizando el gasto social y la protección de los más vulnerables.
Se planteó modificar la resolución actual del alza del precio de ACPM. El incremento se haría gradual, $ 200 mensuales, hasta el mes de diciembre.
Posibles protestas por el aumento del combustible podrían afectar sectores clave como la seguridad alimentaria y la salud pública.
El acuerdo priorizaría la paz, la alternancia democrática y las reformas sociales.
El ministerio advierte que los bloqueos podrían provocar pérdidas económicas y escasez de alimentos, afectando a productores y consumidores por igual.
La medida busca dotar a estas comunidades de las herramientas necesarias para preservar sus territorios y la biodiversidad.
Los avalúos deberán considerar la aptitud agropecuaria y cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1170 del 2015.
Colombia cuenta con requisitos fitosanitarios para exportar material vegetal de propagación de cannabis a países de la Unión Europea y Costa Rica, entre otros.
El presidente Gustavo Petro anunció un acuerdo con la banca para aumentar en $ 55 billones los créditos para actividades productivas en los próximos 18 meses.
Luego de su paso por la Corte Constitucional, el abogado Alejandro Linares Cantillo regresa a la firma Gómez-Pinzón Abogados (GPA). ÁMBITO JURÍDICO conversó con Linares sobre temas de actualidad jurídica.
Propone reglas especiales para la resolución de conflictos agrarios y busca garantizar justicia efectiva en el campo colombiano.
La inclusión crediticia busca aumentar del 35,3 % al 40 %, con $ 6 billones en créditos garantizados.
Se instaló una mesa de trabajo que incluye a Planeación Nacional, los ministerios de Hacienda e Interior y la Consejería de las Regiones.
La primera gira en el Cauca reunió a líderes indígenas, académicos y agricultores para discutir la transformación de los territorios y la política productiva.
Gobierno deberá crear y coordinar campañas de consumo saludable y responsable de estos productos.
Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
La solicitud se dio durante el foro Impacto de los recursos parafiscales: 30 años de la Ley 101 de 1993.
El Gobierno socializó las reformas sociales con senadores del partido de La U y representantes de los partidos Liberal y Conservador.
Con la inclusión de Grupo Bicentenario SAS, Colombia cuenta ahora con 14 conglomerados financieros.
Los gremios han manifestado su preocupación al calificar la idea de peligrosa, porque haría más costoso el acceso al crédito y por el riesgo de que esos recursos se pierdan, comprometiendo la estabilidad fiscal.
Preocupa al órgano de control que el presupuesto de inversión tenga una reducción de 17.4 % con respecto a 2024, pasando de $ 100 billones para este año a $ 82,5 billones en 2025.
Este nuevo mecanismo busca coordinar la cooperación internacional y apoyar proyectos que impulsarán la reforma agraria y el desarrollo de los territorios rurales colombianos.
La judicialización de las decisiones administrativas no conculca derechos, solo los garantiza y previene situaciones de futura litigiosidad contra el Estado.
Los diálogos abordaron la preservación de la soberanía alimentaria y la potenciación de las exportaciones como elementos claves para la reactivación económica del país.
El objetivo es promover la materialización del derecho a la igualdad de la población campesina en el marco de su reconocimiento como sujetos de derechos.
El IPP de la producción nacional para el séptimo mes del año presentó una variación de 0,16 % respecto a junio del 2024.
El proyecto busca avanzar en el tránsito de un modelo económico extractivista a uno productivo con justicia social y justicia ambiental.
Solo podrá participar un representante legal por organización.
El Gobierno sigue sin sincerar sus cuentas fiscales y la magnitud real del aplazamiento decretado alcanza solo 11,8 billones de pesos en lugar de 20 billones de pesos.
Entre los candidatos aparecen dos exministros del gabinete de Gustavo Petro, Néstor Osuna y Jhenifer Mojica.
Esta iniciativa da cumplimiento a uno de los objetivos que el mandatario expuso en su campaña presidencial.
Los ministerios de Ambiente, Comercio y Agricultura realizarán las acciones necesarias para apoyar, capacitar, brindar asesoría y acompañamiento a la población.
La cuota para pesca blanca incluye el porcentaje que corresponde al acuerdo de pesca enmarcado en el tratado Vásquez Saccio para buques de EE UU.
La medida beneficia a pequeños y medianos productores agropecuarios y pescadores artesanales.
Estará conformada por 54 representantes del campesinado, 39 serán escogidos por la Convención Nacional Campesina.
El documento busca la consolidación del sector orgánico, teniendo en cuenta los intereses tanto del sector público como del privado.
El presidente Gustavo Petro ya ha hecho tres cambios a su gabinete ministerial.
El principal objetivo de esta norma es el reconocimiento de la territorialidad de las comunidades campesinas, así como sus saberes, tradiciones y costumbres históricas sobre la labor agropecuaria.
La iniciativa define la estructura que entrará en vigor tras su promulgación.
Colombia enfrenta un escenario complejo en términos de crecimiento económico, con desafíos significativos que incluyen una alta deuda pública, inflación y un entorno económico global adverso.
Se tendrán en cuenta aspectos relacionados con el territorio, población, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes de constitución, entre otros.
La iniciativa dispone instrumentos para garantizar una cadena productiva de ganado libre de deforestación.
Serán beneficiarias de este programa las organizaciones de campesinos, de pequeños y medianos productores agropecuarios.
Las carteras de Educación (38,7 %) y Minas y Energía (34,6 %) registraron los mejores niveles de ejecución acumulada.
En el total nacional, la tasa de desocupación en abril del 2024 fue del 13,1 % para las mujeres, mientras que para los hombres fue del 8,8 %.
Uno de los objetivos de esta política es disminuir estereotipos de género y prácticas discriminatorias que puedan existir en Minagricultura.
Este incentivo tendrá como objetivo reducir la vulnerabilidad de los productores ante amenazas de índole agroclimático, sanitario y financiero.
Según el documento, solo podrá participar un representante legal por organización.
El proyecto deberá ser aprobado antes del próximo 20 de junio, fecha en la cual finaliza la actual legislatura.
Entre las medidas adoptadas, el jefe de Estado ordenó afectar las finanzas de este grupo ilegal, tanto en narcotráfico como en la minería ilegal.
El objetivo de esta estrategia es promover la transparencia en la administración de bienes, recursos, celebración de contratos y compra de tierras.
El Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado y Legis invitan al evento gratuito.
Se trata de un plan de acción de ocho ejes para desarrollar en un año, uno de los cuales tiene que ver con alivios a los créditos con la entidad crediticia.
La iniciativa pasará a discutirse en último debate en la plenaria del Senado de la República.
El próximo 6 de junio se realizará la firma de los compromisos, donde se resalta la importancia del desarrollo agropecuario.
El proyecto será debatido por la Comisión Quinta del Senado de la República.
El proyecto pasará a su último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
El IPP de la producción nacional para el cuarto mes del año presentó una variación de 1,12 % respecto al mes anterior.
El objetivo de estas medidas sería la reactivación económica del país, especialmente en sectores como la industria, la agricultura y el turismo.
El proyecto establece un marco normativo que reconozca, proteja y promueva la economía campesina como un componente esencial para el desarrollo rural sostenible.
La población desocupada a nivel nacional aumentó en 339 mil personas.
Según el informe, el porcentaje de ejecución con corte a marzo del 2024 ha sido el más bajo en comparación con las últimas tres vigencias.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, aseguraron que el impacto fiscal de la nueva jurisdicción se compensará.
La suscripción de tres acuerdos y cuatro memorandos de entendimiento se dio en el contexto de la visita oficial del presidente Lula da Silva a Colombia.
En la sentencia se determinará si el acto de nombramiento está viciado con desviación de poder.
Una de las herramientas que impulsa para fomentar el consumo es el programa de compras públicas.
Se pondrán a disposición 370 mil millones de pesos para atender la crisis cafetera que enfrenta el país.
Según la entidad, el IPP de la producción nacional para el tercer mes del año presentó una variación del 0,12 % respecto a febrero.
Las organizaciones de cadena estarían conformadas por representantes del sector público como del privado.
Convocan sesión técnica para evaluar imparcialidad y transparencia en asignación de beneficios y selección de contratistas.
Se espera que la plenaria del Senado de la República adelante el debate de moción de censura al Ministro de Defensa.
Entrevista con la Viceministra de la Mujer, quien reconoce avances significativos, en particular en la adopción de instrumentos normativos que reconocen los derechos de las mujeres y en la estructuración de políticas públicas orientadas a la igualdad de género y el cierre de brechas.
Adicionalmente, se aprobó parcialmente el plan que remitió el Gobierno Nacional por no desarrollar cada derecho con rigor.
La tasa de desocupación para el primer mes del año fue de 15,9 % para las mujeres, mientras que para los hombres fue del 10,4 %.
Se deberán tener en cuenta enfoques diferenciales, como el étnico en el caso de derechos territoriales.
El licenciatario del cultivo de plantas de cannabis sicoactivo contará con un plazo máximo de 48 meses para llevarlo a su destino final.
Las actividades económicas que más contribuyeron al crecimiento fueron administración pública y planes de seguridad social de afiliación obligatoria.
Esta norma aplicará de manera general, uniforme y suplementaria a las leyes de creación de cada fondo en particular.
Según el decreto, el soporte operativo de la entidad será ofrecido por una sociedad fiduciaria pública que administrará los recursos.
Arias deberá pagar una caución de 15 salarios mínimos mensuales.
Además, Minagricultura expidió una resolución que crea el registro de las asociaciones y otras organizaciones de pescadores y acuicultores.
El índice de precios del productor de la producción nacional presentó una variación anual de -5,79 %.
El proyecto plantea que los procedimientos administrativos para la ampliación, saneamiento y protección de tierras serán autónomos con respecto a otros trámites administrativos.
Algunos de los aspectos para tener en cuenta son el acceso, tenencia y gobernanza de la tierra como puntos claves para el desarrollo del campo colombiano.
La resolución detalla una asignación presupuestal de $215.335 millones para el próximo año, distribuidos en fondos específicos para diversas entidades del Estado.
El ISE en su serie original se ubicó en 119,80, lo que representó un decrecimiento de 0,41 % respecto al mes de octubre del 2022.
La iniciativa pasará a ser discutida en la Cámara de Representantes.
Ya son 12 de los 13 decretos expedidos por el Gobierno para mitigar la crisis en La Guajira que son declarados inexequibles.
Factores como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y la capacidad económica de las empresas son tenidas en cuenta a la hora de determinarlo.
Según el documento, este proyecto solo aplicaría para los servicios públicos de energía eléctricay gas natural dirigidos a la producción agropecuaria.
Se fundamentó la ausencia de responsabilidad en la configuración de una fuerza mayor como causa eximente de la responsabilidad.
La modificación prevista en el artículo 32 de la Ley 2294 del 2023, sumado a la jerarquización en el sistema de niveles, nos obliga a reflexionar sobre sus implicaciones e impactos.
Los juzgados del circuito estarán ubicados en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, mientras que la primera sala nacional de magistrados funcionará en la capital boyacense.
Leyes que autorizan o habilitan tributos deben contar con unos elementos mínimos de delimitación y marco de acción.
La decisión concede efectos diferidos por el término de un año respecto de varias disposiciones e inmediatos sobre otras.
Instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos y de derecho doméstico reconocen el derecho a la alimentación como un derecho humano.
La actividad económica que más contribuyó al decrecimiento del valor agregado del tercer trimestre fue las industrias manufactureras, que decreció 6,2 %.
La iniciativa fue presentada por ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica.
Según la entidad, el IPP de la producción nacional para el décimo mes del año presentó una variación de 0,78 %.
Según la normativa, el plan de acción específico continuará ejecutándose por 12 meses más.
Los senadores de la Comisión Quinta reiteraron la importancia de la implementación de la reforma rural integral en beneficio del campo.
El documento daría instrucciones que contribuirían al correcto funcionamiento de los fondos en aspectos técnicos, financieros, administrativos y presupuestales.
El Gobierno busca introducir nuevos productos a China, con la firma del programa de la cooperación agroindustrial, como lo son: lácteos, frutas y hortalizas.
Este plan tiene como propósito formular e implementar acciones anticipatorias de respuesta y recuperación para reducir y afrontar los impactos del El Niño en el país.
La puesta en marcha de este instrumento normativo se realizará bajo un esquema de intervención diferencial en los territorios y territorialidades indígenas.
El IPP de la producción nacional presentó una variación de 1,17 % respecto a agosto.
Las primeras exportaciones de carne bovina se darían en el primer trimestre del 2024.
Uno de los objetivos es promover el consumo local de productos de la región para la generación de ingresos y promoción de la seguridad alimentaria.
Este es el primer plan para enfrentar los efectos adversos de esta condición climática.
La normativa permite la incorporación y consolidación de las mujeres rurales dentro de la política económica y social del país.
Más de 56.000 pequeños y medianos productores campesinos se beneficiarán con estas nuevas medidas financieras.
El documento expresa que se conformarían comités municipales como mecanismo de democracia participativa directa del campesinado.
La normativa plantea ochos subsistemas que harán parte del SINRADR, los cuales serán liderados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de una entidad coordinadora.
El Ministerio de Minas y Energía recibirá las observaciones, comentarios y propuestas hasta el 15 de septiembre.
Su gran preocupación intelectual ha sido Colombia, hacia allí ha dirigido el profesor Salomón Kalmanovitz su trabajo y sus talentos de economista e historiador.
La ministra Jhenifer Mojica planteó que el presupuesto del 2024 para su cartera se incremente.
El Gobierno destinó $ 15 mil millones para financiar todas las iniciativas productivas de las mujeres campesinas.
La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario otorga un 10 % adicional de subsidio a la tasa de interés para la línea de crédito especial de economía popular, por lo que ahora será del 20 %.
El monto transferido será destinado para atender el cierre financiero de 1.447 subsidios.
El propietario a quien se le aplicaría la extinción de dominio podrá optar por vender su predio a la Agencia Nacional de Tierras.
Se creará un incentivo tributario, conocido como Drawback, para estimular las exportaciones de productos y servicios con valor agregado.
Se publicaron cuatro documentos, sobre los cuales se recibirán comentarios hasta el próximo 16 de agosto.
La normativa se centra en los principales factores por los que se declaró el estado de emergencia social y económico en el departamento.
Hasta el 31 de diciembre del 2023 es el plazo máximo para que el ICA defina la tarifa de sus servicios.
El Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera gradual y progresiva la creación de tribunales y juzgados agrarios rurales.
El objetivo es permitir que la selva recupere su frontera natural.
Autoridades urbanísticas del Distrito Capital no vulneraron los derechos colectivos cuando otorgaron a la universidad la licencia de construcción cuestionada, pues el predio no es parte de área protegida.
Delegados de la Convención Nacional Campesina entregaron su propuesta para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Asuntos Campesinos.
La iniciativa tiene por objetivo ofrecer apoyo agropecuario a las familias con situación de hambre en zonas cocaleras.
Este proceso no solamente debe aplicarse a transacciones complejas entre compañías, sino también en el día a día para conocer qué personas están comprando un bien o adquiriendo un servicio.
Dado el mandato de la ley del PND, se anticipa un mayor volumen de este tipo de procesos agrarios.
Mediante el Fondo Agropecuario de Garantías se apoyará a pequeños productores de bajos recursos.
El proyecto estratégico pretende abastecer los acueductos de nueve municipios de La Guajira y los sistemas de riego en los distritos de Ranchería y San Juan del Cesar.
Los beneficios del narcotráfico enriquecen a una minoría mafiosa, pero empobrecen la mayoría de la población civil. Por tanto, la lucha contra las drogas ilegales, como está planteada, nos está empobreciendo.
Mientras unos pocos países trazan el camino y obtienen resultados demostrables, los otros apelan a la retórica y a los cuentos tontos.
Cesión o compensación son medidas de salvaguardia de la producción nacional de bienes agropecuarios o pesqueros frente a la volatilidad de los precios internacionales: Consejo de Estado.
El Banco de la República inició su vida institucional en 1923, sorteando la quiebra del Banco López y el pánico financiero consiguiente.
El presidente de la República nombró siete ministros en carteras clave para su gestión.
