Gobierno identificó zonas clave para la producción de alimentos en Antioquia

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), identificó una zona de protección para la producción de alimentos (ZPPA) en el suroeste de Antioquia. Según la Resolución 377 del 2024, esta medida no constituye una determinante del ordenamiento territorial, sino un polígono indicativo que busca facilitar la coordinación y el diálogo entre los actores locales y nacionales, en línea con la Ley 388 de 1997, modificada por la Ley 2294. del 2023.

El propósito principal de la ZPPA es promover un análisis técnico y social para definir áreas de protección para la producción de alimentos (APPA). Estas áreas tendrán una jerarquía legal superior y garantizarán la protección del suelo productivo. Este proceso incluye el estudio de criterios jurídicos, técnicos y socioculturales, en concordancia con el principio de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales, respetando la autonomía local. (Lea: Gobierno propone nuevos mecanismos para adquisición de predios rurales).

La resolución responde a solicitudes de organizaciones campesinas que buscan salvar su identidad y garantizar la seguridad alimentaria en la región. El proyecto normativo fue sometido a un proceso de participación ciudadana, recibiendo 51 comentarios.

Diferenciar las ZPPA de las APPA es crucial. Mientras las primeras son zonas indicativas de análisis, las APPA son definitivas y tienen efectos jurídicos en el ordenamiento territorial. Según la ministra Martha Carvajalino, las APPA buscan suelos privilegiados clave para la producción de alimentos, un objetivo esencial en el contexto actual de protección agraria y seguridad alimentaria.

El ministerio y la UPRA han hecho un llamado a la participación activa de los gremios y comunidades locales. Las mesas de trabajo se han establecido como un espacio para dialogar y resolver dudas sobre los alcances de la norma, garantizando una gestión inclusiva del suelo rural y preservando derechos fundamentales como la propiedad privada.

Según el Minagricultura, esta iniciativa busca consolidar una política agraria que permita no solo proteger los suelos productivos, sino también garantizar el derecho humano a la alimentación, promoviendo un desarrollo rural sostenible y equitativo.

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