Gobierno aclara alcances de expropiación administrativa en El Catatumbo

El Gobierno nacional defendió la expropiación administrativa establecida en el Decreto 108 del 2025, emitido en el marco de la conmoción interior. La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aclaró que esta medida se aplicará exclusivamente en la región de El Catatumbo y no a nivel nacional, como lo han señalado diversos sectores. La funcionaria insistió en que la medida tiene como objetivo principal estabilizar a víctimas del desplazamiento forzado y excombatientes en proceso de reincorporación.

Desde el Ministerio de Agricultura se explicó que la norma está orientada a la protección de tierras y activos rurales en una zona afectada por el conflicto armado. Asimismo, se busca evitar el acaparamiento de predios en el sector agropecuario. En relación con el artículo 4 del decreto, la cartera resaltó que la expropiación administrativa se aplicará en casos de desastre y calamidad pública. (Lea: Medidas para proteger tierras de El Catatumbo)

El debate en torno a la expropiación supone que podría afectar los derechos de los propietarios y generar incertidumbre en la región. Sin embargo, el Ejecutivo enfatizó que este mecanismo se encuentra contemplado en la legislación colombiana y que en ningún caso se trata de una confiscación, sino de una enajenación forzosa con compensación a valor comercial.

 Así mismo, Carvajalino precisó que la expropiación no implica la apropiación arbitraria de tierras. Aseguró que la medida busca concluir procesos pendientes de adquisición de tierras para beneficiar a las comunidades afectadas. Reiteró que no se pretende afectar a los campesinos pequeños, sino consolidar esfuerzos previos dirigidos a la estabilización territorial.

El Gobierno enfatizó que esta acción no forma parte de una reforma agraria generalizada. La ministra explicó que muchas de las adquisiciones previstas en El Catatumbo ya estaban en curso dentro de programas destinados a víctimas del conflicto. Esto, según ella, reduciría el impacto en los propietarios locales y contribuiría a la reubicación de comunidades desplazadas. 

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