En la COP16, Gobierno promueve protección de la biodiversidad en nueva política de drogas

El Gobierno de Colombia firmó el ‘Convenio marco del Programa Nacional de Transformación Ecológica y Productiva’, orientado a la sustitución de cultivos ilícitos en áreas ambientales sensibles. Este convenio promueve un enfoque ecológico dentro de la política de drogas, articulando esfuerzos con comunidades locales. La firma se realizó en la 16ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (COP16) y contó con la participación de entidades como los ministerios de Justicia, Agricultura, Ambiente y otros organismos de conservación y paz.

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, señaló que este acuerdo se alinea con la Política Nacional de Drogas 2023-2033, la cual privilegia el cuidado de la vida y la biodiversidad. Con esta estrategia, el Gobierno busca un balance entre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, y destaca la interdependencia entre el ser humano y la naturaleza para alcanzar objetivos de restauración ambiental y conservación. (Lea: Conozca las medidas que impartió el Consejo de Estado para proteger el humedal La Conejera).

En los próximos dos años, la iniciativa contempla una inversión considerable destinada a implementar alternativas productivas legales en las áreas beneficiadas. Las comunidades tendrán acceso a incentivos económicos por sus compromisos de conservación, además de recibir apoyo para la comercialización de productos legales. Esta intervención tiene como fin que los habitantes de estas zonas alcancen ingresos legales y una vida digna sin dañar el entorno natural.

El evento, realizado en el Salón Páramos, destacó el rol de la biodiversidad como “víctima” de las políticas tradicionales de control de drogas. Durante las conversaciones, autoridades y expertos enfatizaron que estas políticas no han reflejado suficientemente la necesidad de proteger el medioambiente, limitando una respuesta integral que promueva un entorno sano y sostenible para todos.

Finalmente, la iniciativa contempla que el 30 % de los recursos que provienen de dineros incautados del narcotráfico, sean destinados a reparar el impacto ambiental generado por esta actividad. Con este aporte, el Gobierno busca una intervención que favorezca tanto a las comunidades afectadas como a los ecosistemas en riesgo.

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