Minagricultura definió criterios para adquirir tierras rurales
21 de Enero de 2025
El Ministerio de Agricultura estableció criterios claros para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) impulse y articule los procedimientos necesarios para adquirir predios rurales mediante negociación directa. Estos lineamientos se basan en lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 160 del 1994, el artículo 62 de la Ley 2294 de 2023 y otras normativas relacionadas, con el fin de garantizar mayor celeridad y eficacia en los procesos que buscan avanzar en la reforma agraria.
En el marco de estas directrices, la ANT o las entidades que cumplan sus funciones deberán realizar estudios técnicos detallados para seleccionar los inmuebles. Esto incluye visitas al terreno, obtención de planos con relleno predial, contratación de avalúos y demás diligencias necesarias para asegurar que los predios cumplan con los requisitos mínimos de aptitud para la reforma agraria. Para ello, se contará con el apoyo de oficinas de catastro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, notarías y otras entidades públicas y privadas. (Lea: Gobierno declararía el 2025 como año de la Reforma Agraria)
Durante las visitas técnicas, los funcionarios deberán presentar una comunicación escrita que los acredite ante el propietario o personas presentes en el predio, indicando el propósito de su diligencia. Es obligatorio que los dueños, poseedores o cualquier persona vinculada al predio colaboren con las actividades requeridas. En caso de oposición o impedimentos, la ANT podrá solicitar el respaldo de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de los procedimientos.
Cabe destacar que estas visitas técnicas solo serán necesarias cuando las fuentes secundarias de información no sean suficientes para verificar la aptitud del predio. Sin embargo, la ANT elaborará en todos los casos un informe técnico detallado que sustente la negociación directa y asegure la transparencia y cumplimiento de los requisitos legales.
Estos lineamientos buscan articular los esfuerzos del sector público y privado, asegurando que los procesos de adquisición de tierras rurales se desarrollen de manera eficiente y en cumplimiento con los objetivos de la reforma agraria, impulsando el desarrollo rural y la equidad en el acceso a la tierra.
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