Gobierno suspendió procesos judiciales de créditos agropecuarios en El Catatumbo

El Ministerio de Agricultura implementó medidas para garantizar los medios de vida y la producción de alimentos para mitigar los efectos del conflicto armado y la situación de orden público en la región de El Catatumbo. Estas acciones incluyen financiamiento, crédito, alivio de pasivos y la suspensión de cobros judiciales.

Según el primer decreto que desarrolla el estado de conmoción interior declarado en El Catatumbo, durante la vigencia de la declaratoria se suspenderán los procesos de ejecución de créditos agropecuarios en aquellos predios afectados, independientemente de su lugar de cumplimiento. Esta suspensión abarcará tanto la ejecución de la garantía real como la ejecución de la garantía mobiliaria, derivadas de créditos agropecuarios de fomento, siempre que las obligaciones se hayan contraído antes de la declaratoria de conmoción interior. Esta medida busca evitar que los pequeños productores y sus esquemas asociativos sufran más perjuicios económicos por las dificultades derivadas del conflicto. (Lea: Seguimiento a la conmoción interior por crisis en El Catatumbo)

En este sentido, el Sistema nacional de crédito agropecuario adoptó programas de refinanciación de obligaciones para los campesinos cuya actividad productiva se haya visto afectada por la situación. Entre las condiciones de refinanciación se incluyen el establecimiento de un nuevo plazo para el pago, que no podrá exceder el doble del plazo original, y la eliminación de intereses moratorios durante el periodo de vigencia del Decreto 62/25. Además, las condiciones de las obligaciones refinanciadas no serán más gravosas que las originales.

Las solicitudes de refinanciación deberán ser presentadas por los deudores durante la vigencia de la declaratoria de conmoción interior y podrán ser tramitadas hasta 90 días después de la finalización del estado de excepción.

En cuanto a la reactivación del sector agropecuario, las medidas de financiamiento deberán incorporar criterios de priorización para los grupos más vulnerables, como mujeres del campo, víctimas del desplazamiento forzado y personas vinculadas a procesos de reincorporación o sustitución de cultivos ilícitos.

En este contexto, el Banco Agrario y Finagro, como administrador del Fondo Agropecuario de Garantías, estarán facultados para determinar las condiciones de los acuerdos de recuperación de cartera agropecuaria.

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