Ayer, el proyecto de ley reglamentario de la jurisdicción agraria fue aprobado en primer debate por las comisiones primeras del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, con el respaldo de 17 senadores y 30 representantes.

La iniciativa, presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca solucionar los conflictos agrarios y promover el desarrollo productivo del campo colombiano.  Según el Ejecutivo, este paso es clave para el fortalecimiento de la justicia rural y el cumplimiento de los compromisos del acuerdo final de paz. (Lea: EN VIVO: Comisiones primeras votan competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural)

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, celebró el resultado y destacó el consenso alcanzado en un tema tan complejo. “Pese a las diferencias y perspectivas opuestas, encontramos un camino que nos acerca a un acuerdo, que es recuperar ese campo productivo y en paz que nos permita hacer de la agricultura en Colombia un motor de la economía”, señaló la funcionaria. Además, enfatizó que la ley permitirá gestionar la justicia agraria desde una visión productiva y pacífica del campo, reconociendo su potencial para abastecer tanto al país como al mundo. (Lea: Gobierno propone nuevos mecanismos para adquisición de predios rurales)

En el mismo sentido, la senadora Paloma Valencia reconoció el trabajo conjunto entre el Gobierno y el Congreso para sacar adelante el proyecto. Según la congresista, este es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay diálogo y consenso. “Este es un proyecto en el que todos quedamos tranquilos. Es mejor trabajar unidos por el bien del país”, afirmó.

El proyecto de jurisdicción agraria responde a una deuda histórica que el Estado tiene con la ruralidad colombiana. Esta nueva legislación busca garantizar que los conflictos agrarios sean resueltos por jueces y magistrados especializados, quienes tendrán la facultad de abordar de manera exclusiva los casos relacionados con tierras, servidumbres y uso del suelo rural. Asimismo, se enfocará en resolver disputas sobre la Agencia Nacional de Tierras y los actos administrativos relacionados con la distribución de tierras.

La iniciativa también buscaría resolver problemas relacionados con los contratos agrarios y el uso de recursos comunales en predios rurales. Al otorgar mayor poder y capacidad a los jueces para intervenir en estos casos, la ley contribuirá a una mayor seguridad jurídica en las zonas rurales del país, favoreciendo a los campesinos y pequeños productores.

Tras su aprobación en las comisiones, el proyecto deberá ser debatido en las plenarias del Senado y la Cámara para completar su trámite legislativo.

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