Adjudicación de tierras a campesinos sigue rezagada, según la Contraloría

El vicecontralor de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, alertó sobre los escasos avances alcanzados en la compra de tierras, como parte del acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y Fedegán. A pesar de las metas ambiciosas, hasta la fecha solo se han adquirido 805 hectáreas, lo que representa el 0,02 % de la meta propuesta. Este bajo rendimiento se enmarca dentro de los retos que enfrenta el país para cumplir con el punto de reforma rural integral del acuerdo final de paz. Las evaluaciones realizadas por la Contraloría revelan que, hasta el primer semestre del 2024, se han incorporado 2,4 millones de hectáreas al fondo de tierras, pero solo se han adjudicado 18.201 hectáreas, lo que equivale a un 2,1 % de lo planeado.

Uno de los principales obstáculos para avanzar en el cumplimiento del acuerdo ha sido la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que, hasta enero de 2024, solo había incorporado un 8,4 % de la meta establecida. Además, la adjudicación de tierras a los campesinos ha sido mínima, con solo 5.260 hectáreas entregadas. Este retraso pone en riesgo la efectividad de la reforma, que tiene como objetivo garantizar el acceso a tierras para la población rural, especialmente para aquellos afectados por el conflicto armado. La Contraloría también ha identificado 236 hallazgos administrativos en los proyectos relacionados, de los cuales 30 presentan presunto alcance fiscal por un monto significativo. (Lea: Gobierno propone nuevos mecanismos para adquisición de predios rurales)

En relación con el punto 4 del acuerdo de paz, que aborda la solución a los cultivos ilícitos, los recursos destinados para su ejecución entre 2017 y el primer trimestre de 2024 ascienden a $ 7,1 billones. Sin embargo, el incremento de los cultivos ilegales en el país muestra que estos recursos no han logrado los resultados esperados. Para hacer frente a esta situación, Zuluaga Pardo enfatizó la necesidad de reforzar la presencia de la fuerza pública y de las entidades estatales en las regiones más afectadas. Además, se destacó que no se ha redirigido adecuadamente la inversión pública hacia sectores como la agricultura o el desarrollo social, lo que limita el impacto positivo de los programas destinados a la paz.

El vicecontralor también subrayó que la falta de una planificación y priorización claras en la ejecución de los recursos destinados a la paz ha contribuido a los retrasos y la ineficiencia en la implementación del acuerdo. Hizo un llamado a todas las entidades del Estado a mejorar la coordinación y establecer procesos de inversión transparentes que permitan alcanzar los objetivos del acuerdo de paz.

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