La tutela que revivió las corridas de toros en La Santamaría no desconoce la Sentencia C-666 del 2010, pues esta no faculta a la administración para morigerar actos crueles contra animales.
La culpa del empleador, como elemento estructural de la responsabilidad, se configura por la negligencia en la adopción de medidas que previenen el deterioro físico del trabajador.
Toda limitación al ejercicio de propiedad debe analizarse mediante un juicio de proporcionalidad, para garantizar el equilibrio entre los derechos de los propietarios y el interés común.
La pérdida de oportunidad como factor de imputación o instrumento de facilitación probatoria tiene aplicación cuando no es posible demostrar el nexo causal.
El seguro por muerte de los empleados oficiales en servicio equivale a 24 mensualidades del último salario devengado, cuando fallecen en un accidente de trabajo.
La Corte Suprema de Justicia, en reciente pronunciamiento, advirtió que las solicitudes de libertad por vencimiento de términos se pueden tramitar mediante hábeas corpus.
En los términos contabilizados en días no deben tenerse en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que, por cualquier circunstancia, permanezca cerrado el despacho.
El vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada, tal como ocurre con los llamados delitos de lesa humanidad.
Estos trabajadores presentan bajas tasas de afiliación; al cumplir cierta edad, no están protegidos y perciben ingresos inferiores a un salario mínimo.
La Sentencia T-410 del 2014 actualizó y modificó la jurisprudencia en la materia, al apartarse parcialmente de las consideraciones de la Sentencia C-506 del 2001.
Los trabajadores pueden laborar más de ocho horas diarias o de 48 horas a la semana, siempre que el promedio de las horas trabajadas para un periodo de tres semanas no las supere.
La reelección de alcaldes y gobernadores para lograr la coincidencia de los mandatos no tenía relación intrínseca con los objetivos de la reforma, advertía la ponencia.
En estos casos, aunque se cuenta con el mecanismo ordinario, debe tenerse en cuenta la imposibilidad material de agotarlo, por el cierre de los despachos judiciales.
La falta de recursos económicos para asumir los costos del traslado, exhumación y/o inhumación de cadáveres no puede ser un obstáculo para el ejercicio de tales ritos.
Las restricciones a la competencia para elegir previstas en el artículo 126 de la Constitución no se limitan a los vínculos de consanguinidad, maritales o de unión permanente.
El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional, por haber disparado gas lacrimógeno sin atender al Manual de Atención, Manejo y Control de Multitudes.
Los consejeros de Estado darán a conocer los planteamientos que contribuirán al correcto y eficaz desarrollo de la oralidad en el procedimiento contencioso administrativo.
En el evento se abordaron temas centrales en la discusión de la reforma, como la institucionalidad del poder judicial, el acceso y la eficiencia en la justicia.
Con el foro Desafíos globales en la enseñanza del Derecho: perspectivas críticas y comparadas, la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit conmemora sus 15 años de fundación.
No es posible considerar una amnistía como un beneficio tributario, ya que supone la existencia de una obligación exigible que, por disposición del legislativo, no se cobra.
Para determinar la aplicación del marco técnico correspondiente, el notario debe analizar el Decreto 2784 del 2012, modificado por el Decreto 3024 del 2013.
En casos de graves violaciones a los derechos humanos y el DIH, entre otros eventos excepcionales, podrá otorgarse una indemnización superior a 100 salarios mínimos.
Dos personas que hayan presenciado, asistido o tenido noticia directa del nacimiento deben rendir la declaración bajo juramento, ante el mismo funcionario del registro civil o notario.
Una vez que se realiza el pago y cesa la causal de suspensión, el proveedor debe proceder con la reconexión, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes.
La Alcaldía de Bogotá violó los derechos de la Corporación Taurina de Bogotá a la libertad de expresión y al debido proceso, al prohibir la celebración de corridas de toros, concluyó.
Ante la desaparición total de una persona jurídica y la eliminación de sus cargos, cualquier elemento propio de las relaciones laborales no tiene soporte jurídico.
Estas personas, en especial las mujeres, deben recibir atención oportuna en cualquier institución de salud, de manera que se logre reducir su daño físico y mental.
Las recomendaciones de la CIDH obligan a la justicia interna a valorar las actuaciones, cuando se advierte un protuberante yerro que impide el acceso a la administración de justicia.