Por una votación de cinco a cuatro, la Sala Plena ratificó la validez de la tutela en la que se había concluido que las autoridades municipales no podían prohibir de forma definitiva la tauromaquia. Para la Corte, impedir la realización de este espectáculo no estaba dentro del alcance de la Sentencia C-666 del 2010, que apunta a que las instituciones deben desincentivar el desarrollo de las corridas de toros no financiándolas, ni promoviéndolas. Por el contrario, dijo entonces, se trata de una expresión artística y cultural que no puede ser censurada. La tutela ratificada ordena a la administración del Distrito Capital la realización de actuaciones administrativas tendientes a la recuperación del predio de la plaza de toros La Santamaría, debido a su deterioro estructural, y a la selección objetiva de una entidad que se encargue de administrarlo para el desarrollo de eventos taurinos. El plazo de seis meses para el reinicio de estas actividades quedó estipulado en el fallo de tutela, que advierte que los términos corren a partir de la notificación.